El supuesto consenso termal con el que se inició la legislatura en el Concello de Ourense saltó ayer por los aires. La gran apuesta estratégica en esta materia, el plan especial de protección del entorno de As Burgas, evidenció la diferencia abismal que separa a gobierno y oposición. Los populares no solo votaron en contra de la actuación presentada el jueves en sociedad por PSOE y BNG, sino que anunciaron que en caso de volver al gobierno de la ciudad, el PERI de As Burgas diseñado por el área nacionalista del bipartito se convertiría en papel mojado.
La argumentación popular para rechazar el proyecto pasa por la preocupación que dijeron sentir por la falta del estudio económico-financiero en la documentación presentada, y también la previsión de que la actuación se prolongará al menos durante los próximos ocho años. También censuraron que no se consensuara entre las tres formaciones.
En el aspecto económico, el proyecto diseñado por el BNG, y que ayer fue ratificado por el pleno municipal, necesitará de una inversión superior a los 25 millones de euros, sin contar con la construcción del hotel-balneario. A los 7,8 millones destinados a inversiones en la zona, los 3,8 millones para equipamientos y los 4,4 para la construcción de un aparcamiento subterráneo, el grupo municipal del PP sumó ayer otros nueve millones que tendrán que destinarse a expropiaciones e indemnizaciones -incluida la que demanda la empresa Xardín das Burgas por el solar donde se ubicaría el balneario-.
Por su parte desde el bipartito local, el teniente de alcalde, Andrés García Mata, lamentó que el PP perdiera «a oportunidade de lavar a súa cara despois da xestión que levaron nesa zona». En la misma línea se expresó el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, quien cerró el debate con una súplica de colaboración a los populares: «É un documento estratéxico para o desenrolo da cidade e que superará non so esta lexislatura, senón que algunha máis».
Una vez que el pleno dio ayer luz verde a la modificación del PXOM, la pelota está en el tejado de la Xunta, que debe iniciar una larga tramitación para que entre en vigor el plan especial de protección de As Burgas.