Los acusados se enfrentan a peticiones de prisión e inhabilitación para ejercer como empresarios Falta de diligencia profesional, o simple estafa. Los acusados constituyeron en 1994 una asesoría y en 1998 ofrecieron sus servicios a una pareja de Ribadavia, garantizándoles que podían paralizar la subasta de una casa embargada judicialmente. El perjudicado, en silla de ruedas desde hace nueve años por un accidente laboral, aseguró ayer ante el tribunal que estaba desesperado cuando ocurrieron los hechos, que la apariencia de seriedad de los acusados lo habían convencido y que, sencillamente, lo habían engañado. Los implicados se enfrentan a acusaciones de hasta seis años de cárcel para cada uno.
07 may 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Francisco Javier G. M. y María Ángeles R. G., de 46 y 42 años, ofrecieron sus servicios de asesoría a Anselmo V. F. y María del Carmen A.V. para paralizar la subasta judicial de una casa en Carballeda de Avia, que se iba a vender para responder a la reclamación de un constructor, a quien debían 42.000 ouros, según explicaron ayer en el juicio. Tan convencidos estaban de la eficacia de los acusados que cuando ya la casa había sido legalmente adjudicada, animados por sus asesores de Margrán SL, acudieron a la Guardia Civil para denunciar la entrada del nuevo dueño. A la abogada que entonces les llevaba la reclamación correspondiente a la indemnización por un accidente laboral anterior tampoco le habían dicho nada. Creían, en su confesada ignorancia, haber encontrado a los magos que le resolvería sus problemas. Los perjudicados entregaron 3.365 ouros a los acusados, que, como única gestión, presentaron en el Juzgado de Ribadavia un escrito, sin contenido jurídico efectivo, en el que solicitaban la suspensión de la adjudicación de la finca subastada, hasta que Anselmo cobrase la indemnización por su accidente sufrido al venírsele encima un tractor. Había conseguido, por sentencia del juzgado de Ribadavia, una indemnización de 480.000 ouros, si bien esa cantidad quedaba reducida a 30.000 ouros por la naturaleza de la póliza de seguros, que el afectado ha recurrido al Tribunal Supremo. La pareja de perjudicados por esta supuesta estafa reside, a raíz del accidente y de haber perdido su casa, en un edificio cedido por el Obispado, que está acondicionado para facilitar los movimientos de una persona condenada a vivir en silla de ruedas. Tres y seis años La fiscal, que pide la devolución del dinero, solicita para los acusados, cuya formación se limita a cursos a distancia, sin estudios universitarios de Derecho, sendas penas de tres años y seis meses de prisión, con la inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad empresarial. La acusación particular, en representación de los afectados, eleva la petición de cárcel a seis años. La defensa, por su parte, pide la libre absolución al considerar que el conflicto debe resolverse en la vía civil.