No sorprende que el Partido Popular, con argumentos y caprichos varios, haya mantenido inamovible el actual Poder Judicial, al parecer tan proclive a sus intereses, sin cumplir la Constitución, durante 44 meses. Es más costoso comprender la actitud de cada uno de sus miembros que, en lugar de dimitir, siguen ejerciendo sus limitadas funciones a pesar de ser usufructuarios de un mandato caducado. Por ello escandaliza que dichos magistrados, o incluso su presidente, nieguen responsabilidad alguna en este alterado comportamiento del Partido Popular. Un partido que, luego de haber alcanzado un acuerdo, con el juez Marchena a la cabeza, para proceder a la renovación en el año 2018, en plazo, frustró la renovación porque uno de los negociadores del partido popular, Ignacio Cosidó, a la sazón portavoz en el Senado, emitió un wasap para los suyos apaciguando sus inquietudes, dado que «manejaría el poder judicial por la puerta de atrás». Algo que ni el presidente propuesto pudo asumir.
A partir de ahí, las disculpas no tienen fin. Desde las ofensas al rey emérito y la monarquía, hasta los vetos a partidos, magistrados o a los indultos a los independentistas catalanes, pasando por la reforma del sistema de elección del poder judicial en vigor desde 1985, resistiendo incluso a los gobiernos y mayorías absolutas del Partido Popular, sin que le pusieran causa. Ahora, cuando el líder Feijoo, con acendrado y vigoroso revisionismo, anuncia la revocación de un gran número de leyes aprobadas por el actual Gobierno, tampoco ha incluido entre las derogables la ley de elección del Poder Judicial. Aquella sobre la que se había logrado, hace un año, un acuerdo, al parecer secreto, para su renovación entre la dirección del Partido Popular de Pablo Casado y el Gobierno de Pedro Sánchez. Acuerdo que los dirigentes populares, desde Feijoo a Gamarra o González Pons, dicen ahora ignorar. ¿Un pacto secreto también para el propio partido?
Pero, más allá del desacuerdo y los vetos al cumplimiento de la Constitución, las cuatro primaveras de caducidad del Consejo provocan en los jueces y en su poder institucional un agudo deterioro. Un deterioro visible en esa mitad de españoles que cree que la justicia está politizada, y en el 80 % que la ve ineficaz y mal organizada, y que escucharán asombrados el discurso de inauguración del curso judicial de un presidente con su mandato caducado y sin amago de dimisión. Nada nuevo que no haya escrito Alejandro Nieto en El desgobierno judicial o El malestar de los jueces y el modelo judicial, pero más cargado de bombo.
Feijoo y su dirección, también ignara respecto al poder judicial, podría inspirar su actuación en este y otros temas en el muy relevante y acertado artículo en La Voz de Galicia de Pedro Puy «Paixón polos pactos, paixón polo xogo». Sánchez y su gobierno también. Por el consenso y el conocimiento experto.