Habemus reforma laboral. Al menos, de momento, si el Constitucional —al que el PP pretende recurrir después de la rocambolesca convalidación de la norma, gracias a un error de uno de sus diputados y por un solo voto de diferencia— no termina por echarla abajo, como ya hizo con el estado de alarma que, entre otras cosas, amparó el confinamiento en los albores de la pandemia. Pero, aparcando los futuribles, lo cierto es que el nuevo marco laboral es uno de los deberes que Bruselas lleva años poniéndole a España, entre tirones de orejas por la anomalía que supone nuestro mercado de trabajo.
Con una tasa de temporalidad escandalosa, que prácticamente dobla la comunitaria (sirva como ejemplo que de los 19 millones de contratos firmados durante el 2021, poco más de dos millones fueron indefinidos) y un desempleo sonrojante, que nos corona con el dudoso honor de ser los líderes del paro en la UE, se imponía «hacer algo» para corregirlo. Mirar para otro lado no era una opción, pues abrir el melón del Estatuto de los Trabajadores fue condición obligada para que Bruselas riegue con fondos millonarios nuestra recuperación poscovid.
Sin entrar en el conocido contenido de la reforma, que entierra el contrato de obra y servicio (alentó, en muchos casos fraudulentamente, temporalidad y precarización), las nuevas reglas de juego, pactadas con empresarios y sindicatos, apuestan por hacer del indefinido la fórmula ordinaria de la relación laboral.
¿El coto a los contratos eventuales será un misil en la línea de flotación de la creación de empleo? Voces alertan de ello, especialmente en un momento en el que muchas pequeñas empresas lo que tienen en el horizonte próximo es la supervivencia, y transformar en indefinidos o fijos-discontinuos a los trabajadores es una piedra más en su mochila.
Sin embargo, pese a las ampollas que ha provocado en algunos sectores, la CEOE ha bendecido unos cambios que considera asumibles, después de que todas las partes de la negociación —la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la primera— hayan hecho concesiones, y no menores.
En la memoria colectiva resuenan aún las promesas de «derogar» la reforma laboral del PP, que fueron perdiendo fuerza en aras del consenso en el seno del diálogo social, un consenso que, hay que recordar, reclamaba la UE, por lo sensible del tema.
Mientras que para unos —los socios de investidura, que le dieron la espalda al Gobierno en la convalidación— son cambios descafeinados y una traición a lo prometido (no revierte el abaratamiento del despido, por ejemplo); para otros —el ala conservadora y algunos sectores económicos, como la automoción, la hostelería o el turismo— va a dinamitar la contratación y a desatar plagas bíblicas.
Al margen de si la reforma será el bálsamo de Fierabrás para nuestro dolorido empleo, merece una oportunidad, aunque solo sea por respeto al pacto social que la ha alumbrado, en un escenario en el que la polarización y la gresca son la banda sonora habitual. Y si no funciona, que vuelvan a sentarse a la mesa, como hoy harán con el salario mínimo.