El Gobierno se alinea con los sindicatos para subir el salario mínimo a 1.000 euros
ECONOMÍA
El incremento tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero
07 feb 2022 . Actualizado a las 19:15 h.Salvo sorpresa mayúscula de última hora, el salario mínimo interprofesional subirá de los 965 euros brutos actuales (en 14 pagas) a 1.000 euros antes de que acabe el mes. Esa es la simbólica cifra que desde hace meses reclaman los sindicatos y la que este lunes ha lanzado públicamente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras la reunión de la mesa del diálogo social en la que se debatió el incremento del SMI para este año.
«A mí lo que me gustaría es tener un salario mínimo de 1.000 euros», aseguró la ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior a un encuentro en el que los representantes sindicales habían entendido que la propuesta inicial del Gobierno era fijarlo en 996 euros. Y es que los altos cargos del ministerio explicaron a los agentes sociales que su intención era situarse en la banda media de la subida propuesta por el comité de expertos en el informe que elaboraron el año pasado. En este, y siempre con el objetivo de que el SMI alcance el 60 % del sueldo medio español al final de la legislatura, dibujaban tres escenarios para este ejercicio: un incremento de 24 euros al mes (hasta los 989 euros), de 31 (hasta 996) o de 40 (para llegar a 1.005). De ahí que tanto los representantes de UGT como los de CC.OO. salieran del encuentro con la idea de que Trabajo apostaba por elevar el salario mínimo a 996 euros.
Aunque la vicepresidenta evitó corregir públicamente a los agentes sociales, desde su gabinete sí matizaron después que la intención es llegar a los mil euros y que así se refleja en el borrador del decreto que ya se está ultimando.
Subida inmediata
Y es que lo que sí concretó Díaz es que la subida se hará de forma casi inmediata. El ministerio ha dado apenas un día para que sindicatos y patronal debatan la propuesta en sus órganos internos y los ha vuelto a citar para este miércoles a un encuentro que puede ser ya definitivo. De hecho, la vicepresidenta abrió ayer la puerta a que el nuevo salario mínimo se acuerde solo con los sindicatos, como ya ocurrió con la anterior subida, en septiembre del año pasado. Como entonces, la patronal sigue mostrando un firme rechazo a elevar la carga salarial de las empresas, argumentando que la recuperación no está todavía consolidada y que ya están sufriendo una fuerte subida de los costes por el encarecimiento de la luz, los combustibles y las materias primas.
Sea cual sea el resultado de la negociación, Díaz también despejó ayer que la subida (que está previsto que se apruebe en Consejo de Ministros antes de finales de febrero) tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Esto obligaría a pagar atrasos a los casi dos millones de trabajadores que, según el ministerio, se verán beneficiados por el incremento del salario mínimo. Un alza que, de confirmarse la cifra de mil euros, alcanzaría el 3,6 %, medio punto por encima de la inflación media del año pasado, lo que permitiría una pequeña ganancia de poder adquisitivo.
En cualquier caso, Díaz aseguró que el coste de la vida no es un factor que se tenga en cuenta a la hora de fijar el salario mínimo, a diferencia de lo que ocurre con las pensiones (cuya revalorización se ligó por ley al IPC), argumentando que eso perjudicaría a los trabajadores en años de estabilidad de precios.
Calviño pide también celeridad
La de la ministra de Trabajo no es la única voz que desde el Gobierno pide premura para aprobar el nuevo salario mínimo. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando abogó por retrasar varios meses la subida para dar tiempo a consolidar la recuperación, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, reclama ahora cerrar el incremento «lo antes posible», una vez concluya el proceso de audiencia pública a los agentes sociales.
Premura que exigen también los sindicatos, que dan por seguro el rechazo de la patronal y defienden que es el momento de que el Ejecutivo «tome la decisión y cumpla su compromiso». «Hay un cierto estrés, de necesidad, de acordarlo todo», reprochó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
