La Constitución: mentiras por verdades


Que con una Constitución puede estarse en desacuerdo es tan obvio que no necesita comentario. Como lo es que tal desacuerdo hace legítimo tratar de reformarla, siempre que se respete el procedimiento previsto para ello. Lo que ya no es legítimo en un debate limpio y democrático es criticar una Constitución utilizando falsedades, nazcan de la ignorancia, de la mala fe o de ambas cosas a la vez. Y eso pasa desde hace años con la aprobada en 1978.

Es así una falsedad tachar de antidemocrática a la Constitución por establecer una jefatura del Estado hereditaria cuando la mayor parte de las democracias más avanzadas del planeta también son monarquías. Según el reputado índice de The Economist para el 2020, seis de los diez países con mayor desarrollo democrático del mundo atribuyen a un rey la jefatura del Estado: Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Canadá y Australia. España ocupa la decimonovena posición, por encima de Francia, Portugal, Bélgica o Italia.

Es falso que la Constitución no reconozca debidamente la pluralidad lingüística española, cuando sobre la base de lo dispuesto en su artículo 2º no solo se han declarado cooficiales las demás lenguas españolas sino que se ha llegado al extremo demencial de que en algunos territorios se hayan impulsado políticas de auténtico arrinconamiento de la lengua común, en clara violación de la cooficialidad dispuesta por la Constitución.

Es falso proclamar que nuestra Constitución no ha permitido la expresión de la diversidad territorial. España es el país del mundo donde más amplia ha sido la descentralización de un Estado centralista, hasta el punto de que el nuestro es hoy sin duda de tipo federal. Basta ver la amplísima distribución de competencias, que afecta a todas las materias salvo a la defensa nacional, o la proporción del gasto administrado por las autonomías -que supera a la de países cuya naturaleza federal nadie discute, como Bélgica, EE.UU., Austria o Alemania- para constatar la amplitud de una descentralización que, si adolece de algo, no es por defecto, sino claramente por exceso.

Y es, en fin, una falsedad que las bases del sistema electoral establecidas en la Constitución restrinjan el pluralismo de partidos. Ha sido suficiente con que los electores hayan decidido en el 2015 cambiar sus preferencias para que de un sistema pluripartidista moderado hayamos pasado ¡por desgracia! a uno de pluripartidismo extremo. Hoy hay 16 fuerzas políticas presentes en el Congreso, con lo que la diversidad social no parece estar representada escasamente.

Esas cuatro falsedades, que no agotan desde el luego el catálogo de las que han adquirido carta de naturaleza como verdades evidentes, ponen de manifiesto la iniquidad de los ataques a una Constitución que ha abierto la etapa más fructífera, democrática, igualitaria y estable de toda nuestra historia. No está de más recordarlo hoy, cuando la Constitución cumple 42 años, en medio del desprecio o el cinismo de quienes desde el Gobierno deberían defenderla.

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