No hay constancia de manifestaciones ruidosas de padres de inmigrantes, madres de barrios pobres, chicos de centros atosigados por una diversidad mal financiada. No hay constancia, aunque algunas evidencias adornan nuestro sistema educativo para quien quiera verlas. La quiebra acontece en las ciudades, en donde no todos los centros financiados con dinero público son iguales ni todos los alumnos que acuden a esos centros disponen de las mismas oportunidades. En algún momento de este siglo, los colegios volvieron a ser lo que solían: espacios en los que es más importante la red social que tejen que la formación integral que dispensan. Protestarán algunos concertados que se curran la integración y combaten las desigualdades crecientes, pero hay una línea firme que sigue separando los buenos de los malos colegios, los buenos de los malos alumnos, un discernimiento social que encamina el rumbo de nuestras hijas justo cuando empiezan a ser. Es verdad que las trampas se han ido puliendo, desde aquellos tiempos en los que había pijipisos patera con decenas de niños empadronados justo al lado del cole deseado y hasta médicos dispuestos a certificar recurrentes disfunciones orgánicas que valían oro en el ránking de los aptos. Los caminos de la selección de alumnado son hoy mucho más sutiles pero, por dios, todos sabemos que existen.

Es justo sobre esta realidad sobre la que se encaraman quienes dicen estos días que el Gobierno va a cerrar la escuela concertada. Los que convocan saben que es mentira, que en ningún apartado de la nueva ley de educación se apunta tal cosa. Lo saben sin duda. La pregunta es por qué mienten y qué privilegios quieren conservar con su mentira. En la respuesta está el tipo de sociedad en la que creen.

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Es mentira