Los jueces también se equivocan

Luis MÍguez Macho EN LÍNEA

OPINIÓN

María Pedreda

23 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia de que un juzgado de lo contencioso-administrativo se ha negado a ratificar la orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que aplica las medidas acordadas el pasado 14 de agosto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ello ha reabierto el debate sobre la base legal de las disposiciones dirigidas a hacer frente a la nueva oleada de contagios del coronavirus.

Sin embargo, lo que ha trascendido de los fundamentos jurídicos del auto del juzgado mueve a la sorpresa. Resulta difícilmente comprensible que se deniegue la ratificación de la orden mediante la que una comunidad autónoma aplica las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial porque la orden del Ministerio de Sanidad que las recoge no se haya publicado en el BOE.

Esas medidas son de obligatorio cumplimiento para las comunidades autónomas, pues las adopta el Estado en ejercicio de su competencia constitucional en materia de coordinación general de la sanidad, pero no afectan directamente a los ciudadanos hasta que aquéllas, que ostentan las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad, no las aplican a través de las correspondientes disposiciones. De hecho, cualquier comunidad autónoma podría haber aprobado esas mismas medidas sin que se lo indicase el Ministerio de Sanidad. Si este interviene es para coordinar la respuesta frente al recrudecimiento de los contagios, no porque las comunidades autónomas necesiten de habilitación estatal.