Despropósito deportivo


Como muchas de las cuestiones que se suscitan en el ámbito jurídico deportivo, esta del final de Liga en Segunda División no tendrá una fácil ni rápida solución, salvo que se alcance un acuerdo, que se antoja complicado, entre todos los interesados, que aquí son varios y con muy dispares intereses. El Dépor no está solo en esta cruzada y, en principio, parece que le acompañarán otros afectados como Elche, Rayo Vallecano y Numancia.

Pero es que, además de los directamente afectados en la posible reclamación, será de gran ayuda el apoyo de la afición, como ocurrió en 1995 con el Celta de Vigo y el Sevilla, momento en el que ambas ciudades se echaron a la calle, literalmente. Así como el respaldo institucional que recibieron, que entonces se centró en los presidentes autonómicos Manuel Fraga y Manuel Chaves, respectivamente. Todo ello permitió algo muy cuestionable y que parecía imposible: la ampliación de la Primera División a 22 equipos. En la actualidad ya han reaccionado de manera ágil y contundente, mostrando su apoyo fundamentado al equipo gallego, tanto Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, como Jose Ramón Lete, secretario xeral para el Deporte; además del propio presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán.

Hoy en día el Deportivo cuenta con un excelente equipo de asesores jurídicos que podrán argumentar y encauzar convenientemente la reclamación. Desde una perspectiva técnica, la opción más clara parece que sea la de agotar las instancias federativas (comité de competición y de apelación) para acudir posteriormente al TAD y, en su caso, más tarde y si fuese inevitable, a la justicia ordinaria, en este caso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Existen precedentes de buscar amparo en los juzgados directamente, bien a través de la solicitud de medidas cautelarísimas, bien incluso de simples medidas cautelares, pero no parece una fórmula muy apropiada sin haber agotado previamente la vía federativa, primero, y la administrativa después. Dicho esto, el propio Dépor ya lo hizo en su día, de una manera muy controvertida en ambos casos. En concreto, en 1996, cuando recurrió el cierre del estadio tras la sanción impuesta por el lanzamiento de una moneda a un árbitro; y, posteriormente, en el 2011, por el tema de un impago al Vecindario C. F. y un posible descenso administrativo acordado por la federación, que finalmente no se consumó.

Los argumentos que fundamenten la pretensión parecen claros: la vulneración de la par conditio o igualdad entre competidores, el incumplimiento de las bases de competición que exigen celebrar las dos últimas jornadas de manera unificada, así como la posible adulteración de la competición, entre otros. Y la petición parece que no puede ser otra que la repetición de la última jornada liguera, de ahí que devenga fundamental el apoyo de los otros tres clubes implicados, ya que la mera victoria administrativa en ese encuentro no serviría para los intereses particulares del Deportivo, pues supondría la pérdida de la categoría igualmente.

Otras vías jurisdiccionales, como la penal, a la que aludió la alcaldesa coruñesa, no tendrían trascendencia en el ámbito deportivo, pero no carecen de lógica cuando se produce una negligencia, un fallo en el protocolo, que afecta a una situación sanitaria de ámbito nacional e internacional, en una ciudad y en una autonomía con una ciudadanía que ha sido ejemplo y referente de respeto a las normas y estandarte del buen hacer y del sentidiño, por ser la primera comunidad que pasó en su momento a la nueva normalidad. Por otra parte, una posible indemnización por el perjuicio económico que se le pudiera causar al club nunca compensaría la tristeza que sufre una afición fiel que no se merece ni este desenlace, ni la amarga situación de haber sido campeones de Liga y acabar descendiendo a Segunda B, en un club que acumula ya 114 años de muy brillante historia.

Por Miguel Juane Presidente del Comité Gallego de Justicia Deportiva

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