El mayor Trapero lo tenía muy claro


Lo más inteligente que se dijo sobre el procés, en el último quinquenio, salió del ex mayor Trapero, que, en el curso de su interrogatorio, reveló que él y su equipo se habían puesto a disposición del presidente y el fiscal del TSJC para cualquier acción que ordenasen, incluida una que, en previsión de futuros sucesos, habían preparado cuatro días antes del 1-O. «¿De qué actuación se trataba?», preguntó el fiscal Melero. Y Trapero, tras beber un sorbito de agua, nos espetó a todos -fiscalía, judicatura, Gobierno y ciudadanos- esta sencilla respuesta: «La detención de Carles Puigdemont y los consellers».

Trapero ya había dado por obvio que el día señalado para el referéndum -regido por una normativa ilegal y suspendida por el TC; preparado durante años a la vista del público y en flagrante desafío a los poderes del Estado; y con parte de la ciudadanía encendida por los CDR, las arengas políticas, las complicidades mediáticas y las cobardías gubernamentales- iban a producirse peligrosos altercados y revueltas en toda Cataluña. También había deslizado que la pretensión de que un coronel de la Guardia Civil coordinase las fuerzas de seguridad del Estado y de Cataluña, sin que el cuerpo de Mossos d’Esquadra hubiese sido formal y legalmente relevado de la obediencia obligada a las autoridades de la Generalitat, era una quimera. E incluso había sugerido que el hecho de que ninguna autoridad política hubiese asumido el operativo anti votación -acogido con pinzas a la orden de una jueza-, era un despropósito y una cobardía que sólo tenía la finalidad de desplazar todas las responsabilidades hacia los Mossos d’Esquadra.

Claro que el órdago de Trapero iba, sobre todo, contra el Poder Judicial y el Gobierno de Madrid, porque, traducido al cristiano, venía a decir esto: «Todo el mundo sabía que el tumulto del 1-O sólo se podía evitar deteniendo a la fuente de la ilegalidad y la sublevación callejera que, pagada por el Estado, y acogida a su protección, operaba desde el Palau de Sant Jaume. En cualquier país del mundo en el que se viese cometer un delito continuado, retransmitido por televisión y pregonado por los propios delincuentes, se habría detenido a Puigdemont y a su equipo, con el mismo rigor con el que se suele detener en España -muchas veces de forma abusiva e innecesaria, y con la única finalidad de ablandar interrogatorios o apaciguar falsas alarmas sociales- a alcaldes, consejeros, empresarios, ex ministros, financieros, chaíñas y folclóricas.

Pero la guinda de Trapero vino después: «Esperábamos una orden, pero nadie la dio». ¡Ahí está la clave, españoles todos! Los jueces no dieron la orden que Trapero necesitaba. El Gobierno no aplicó el 155 hasta que la revuelta y su consecuente desorden se habían perpetrado. ‘Faltaron cataplines’ -bramaba el alma silente de Trapero-, ‘y por eso está España donde está, y ando yo por aquí de chivo expiatorio’. Mi conclusión es clara: este señor, que puede acabar en una injusta cárcel, merece una medalla de oro.

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