La Justicia española se encuentra en una grave crisis: está anticuada en cuanto a los medios, es insuficiente el número de jueces y magistrados y es lenta por unas leyes procesales antiguas y desfasadas. La respuesta del actual Ministerio de Justicia, cuya titular es Dolores Delgado, es hacer promesas vacías de contenido, que parecen buscar alargar el problema sin dar soluciones. Y aún es más decepcionante cuando la propia ministra participó en la anterior huelga, que reclamaba unas medidas para modernizar la Justicia, que ahora en el ministerio no se le ve voluntad de llevar a cabo. En estos días hemos visto como sin el más mínimo respeto por el poder judicial ni por el poder legislativo, varios partidos políticos han llegado a un acuerdo para elegir al próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello se produce en una situación que ya es insostenible para la carrera judicial y fiscal.
Independencia judicial
En la situación actual aún recobran más importancia nuestras reivindicaciones sobre la independencia judicial, por la necesidad de estar dotados de medios materiales para dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, por unas cargas de trabajo que permitan desempeñar dignamente las funciones que tenemos encomendadas, por la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita los plazos para la instrucción, sin medios para llevarla a cabo, por la creación de plazas de jueces y fiscales para estar en la media europea, por condiciones laborales dignas para los que acceden a las carreras judicial y fiscal.
Los jueces y fiscales convocamos la huelga para defender el Estado de derecho, que es la garantía de nuestra democracia. Trabajamos por un Consejo General del Poder Judicial que sea elegido por los jueces y no por las fuerzas políticas, porque ello lo que genera son dudas sobre la independencia judicial, como ha ocurrido hace unos días y con el grave riesgo de merma en la confianza en las instituciones y en última instancia en el propio Estado de derecho.
Los jueces y fiscales vamos a la huelga porque defendemos una absoluta separación de poderes, un Consejo General del Poder Judicial independiente, una mayor autonomía de los fiscales y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones profesionales dignas y al servicio de los ciudadanos.