La gestión del tiempo es fundamental en política y en ajedrez. Nicolás Maquiavelo, tantas veces citado estos días, lo sabía bien: para despejar el qué se precisa resolver el cómo, pero también el cuándo. Por algo hubo quien llamó al florentino «gran ajedrecista de la política». El más consumado ajedrecista pierde la partida si no completa el número de jugadas en el tiempo acordado. El crono estándar en grandes torneos obliga a realizar cuarenta jugadas en dos horas, aunque el gran Bobby Fischer ha patentado un reloj que reduce la exigencia: le concede al jugador dos minutos adicionales cada vez que mueve una pieza. Quien toma una decisión obtiene así, por lo menos, una prórroga.
Si hablamos de tiempos, la cuestión catalana se encuentra en el peor momento posible: en tierra de nadie. El tiempo de la política está agotado y el tiempo de la espada (de la ley) todavía no ha llegado. Ya no hay margen para la negociación ni para el debate ni para el acuerdo, porque cuando los conflictos se encrespan se desata la guerra y las minorías más radicales se hacen con el timón del proceso. El pacifismo se desinfla y cuajan dos bloques irreconciliables. El nacionalismo de la vieja CiU se hace el harakiri, la propuesta federalista del PSC se convierte en prédica en el desierto y la ambigüedad de Podemos y sus aliados -referendo sí, independencia no- apenas consigue eco entre el estruendo de los cañones. «La guerra es la continuación de la política por otros medios», decía Clausewitz, pero con una enorme diferencia entre ambas: la política la hacen los políticos y en la guerra mandan los generales.
El reloj de la política se ha parado y la partida la han ganado los soberanistas. No porque hayan jugado bien sus bazas, sino por incomparecencia del adversario y porque hicieron trampas. La mayor de estas: el uso de las instituciones del Estado como ariete para romper el Estado. Lo que no exime de responsabilidad al Gobierno de Rajoy, que ha despilfarrado el tiempo de la política sin efectuar un solo movimiento. Ni una sola jugada. Agazapado entre los pliegues de las togas, a la espera de que se produzca el definitivo jaque al rey para -entonces sí- descargar el mazo del artículo 155 de la Constitución sobre la hidra separatista.
Pero ese día tardará aún meses, porque la justicia es siempre recurso de última instancia. El Tribunal Constitucional, aunque a veces sus sentencias atufan a consigna política, no está para juzgar desafíos y anuncios de desobediencia, soflamas patrióticas o proyectos secesionistas. Está para juzgar y condenar hechos consumados que vulneren la Constitución. Probablemente suspenda de inmediato la declaración de independencia aprobada ayer por el Parlamento catalán, pero esa decisión no frenará un ápice la deriva separatista. Y cuando esta se plasme en hechos jurídicos y el peso de la ley cisque alfiles, peones y torres por el tablero, el tiempo perdido pasará factura. Tal vez se evite transitoriamente la secesión, pero habrá más secesionistas que nunca.