A finales del pasado noviembre dos ministros socialistas de Francia y Alemania (Gabriel y Macron) negociaban un pacto de ambos Estados frente a la crisis. Un pacto obviamente bendecido por el Gobierno alemán que preside Angela Merkel. El pacto plantea a Francia trabajar más de 35 horas semanales y cobrar menos (revisiones al margen del IPC, trienales en vez de anuales), es decir más devaluación salarial. Más austericidio. En ese pacto también Francia se compromete a reducir su gasto público del 56 % al 50 % del PIB. Un objetivo de ahorro y austeridad del sector público que contemplado desde España no deja de tener cierto interés.
Porque en las previsiones de otoño de la Comisión Europea se anota que España reducirá su gasto público del 44 % en el 2013 a un 42 % en el 2016 (con los consiguientes recortes en sanidad, educación, pensiones, dependencia?). ¿Por qué no proponer como meta aquel 50 % que se bendice por la gran coalición europea para Francia? O, en su caso, ¿por qué no proponer como meta para el 2016 en España el 47 % medio de la UE?
Esos cinco puntos de PIB de diferencia, entre el dato para España en el 2016 y la media europea, nos permitirían frenar el deterioro de nuestros servicios públicos y la calidad de vida de amplios sectores de la población. ¿Es imposible asumirlo? Como se dice ahora, ¿salen las cuentas?
Es posible y salen las cuentas. Porque los datos de la Comisión Europea para España nos informan de que nuestros ingresos públicos sobre el PIB se sitúan seis puntos y medio por debajo de la media europea.
Bastaría, por tanto, con acercarnos a la capacidad recaudatoria media de los sistemas fiscales de nuestros vecinos (como se demuestra en un reciente informe sobre fraude fiscal del Instituto de Economía de Barcelona y el Instituto de Estudios Fiscales).
Y digo capacidad recaudatoria y no presión fiscal porque se trata de recaudar lo que potencialmente habría que recaudar desde hace décadas en función de nuestra riqueza.
Mientras no se avance en esa dirección, una parte de la población seguirá recibiendo unos regalos fiscales que obligan al resto a endeudarnos colectivamente para financiar los gastos públicos (incluidos los intereses de la deuda). En ese sentido, afirmo que la deuda pública que vamos acumulando sería ilegítima, es decir, imputable a aquellos que llevan años evitando los impuestos que tendrían que pagar. Ya sea porque colocan sus bases imponibles fuera del alcance de la Hacienda Pública española, o porque esa Hacienda Pública les permite pagar una factura fiscal menor que a la media de los ciudadanos europeos en su misma situación.
Frente al austericidio de caminar del 44 % al 42 % de gasto público entre 2013 y 2016, podríamos caminar del 44 % al 47 % (sin llegar al 50 % pactado para Francia por alemanes y franceses). Cumpliríamos el objetivo de déficit.
Y dejaríamos de acumular deuda pública a cargo de la mayoría de la población, mientras una minoría sigue escaqueando (si acaso legalmente, aunque no legítimamente) los impuestos que tendría que aportar.