Mientras Fomento y la Xunta discuten sobre la gestión de la AP-9 (para Pastor la ley es la ley, pero el ministro de leyes ha demostrado que estas se pueden cambiar, incluso cambiar a mucho peor), Audasa gana tiempo y dinero. Mucho dinero. Todo, a costa de los multimaltratados usuarios de la AP-9. Estatal o autonómica, la realidad es que la autopista está al cien por cien en manos de la concesionaria. Así fue y así es: nadie le tosía (tampoco el PSOE) y nadie le tose. Lo urgente aquí es que los responsables políticos defiendan los intereses de los usuarios y que Audasa dé un buen servicio a un precio razonable, o se atenga a las consecuencias. La cosa no es tanto de competencias, que quizás también, sino de ser competentes. Y es evidente que aquí nadie lo está siendo. A lo peor, porque no quieren serlo.