Nicolas Sarkozy comenzó su ascenso político cuando, siendo ministro del Interior en el Gobierno de Villepin, hizo de la lucha contra la criminalidad y de la mano dura contra la delincuencia su bandera. Entonces era presidente de Francia Jacques Chirac y primer ministro de Italia Silvio Berlusconi. Ambos saben ya lo que es sentarse en el banquillo y recibir una condena penal. En la Francia republicana, el presidente, sin duda el jefe de Estado que acapara más poder efectivo en un país de la Europa occidental, goza de inmunidad en tanto en cuanto ejerce sus funciones. Cuando abandona el cargo puede ser enjuiciado, también por los delitos cometidos durante su mandato.
La inmunidad, así concebida, no alcanza los niveles de excepcionalidad respecto al principio de igualdad ante la ley que supone la inviolabilidad prevista para el rey en nuestra Constitución. Inviolabilidad equivale a irresponsabilidad política y jurídica, a impunidad presente y futura. La inmunidad difiere la exigencia de responsabilidad jurídica para después del ejercicio del cargo.
Es por ello que el otrora todopoderoso integrante del tándem Merkozy puede ahora ser detenido e interrogado como cualquier conciudadano suyo y, en su caso, juzgado por el tribunal que corresponda.
Sarkozy está acusado de tres delitos: tráfico de influencias, violación de secretos y corrupción activa. De ser hallado culpable no sería el primer ex presidente de la República en afrontar una condena penal. Su predecesor, Chirac, ya fue condenado en el 2011 por corrupción, pero sí podría ser el primero en acabar en prisión.
Su reacción a la imputación penal de la que es objeto, acusando a la magistratura de persecución política y parcialidad, recuerda a la de Berlusconi frente a las investigaciones de los fiscales y jueces italianos. Algo especialmente grave viniendo de quien, hasta hace poco, era el garante de la independencia de las autoridades judiciales, como proclama el artículo 64 de la Constitución francesa.
Con todo, no conviene prejuzgar el desenlace de las investigaciones judiciales en curso sobre el antiguo inquilino del Elíseo. Entre otros motivos, porque la acusación se basa en unas escuchas telefónicas acordadas para investigar otros hechos delictivos, y en otras de Sarkozy con su abogado. La cuestionable validez de esas pruebas será, probablemente, determinante para el devenir de la causa.