El Constitucional, otra vez a las andadas


El Tribunal Constitucional siempre acaba tropezando con Cataluña. Está como para fiarse cuando tenga que frenar los desafíos independentistas. Cuando tuvo que sentenciar sobre el Estatuto de Autonomía, labró gran parte de su desprestigio: tardó un tiempo inconcebible en elaborar su veredicto; sufrió las consecuencias del desacuerdo político, no le dejaron ni cubrir la vacante producida por la muerte de un magistrado, y remató su brillante ejecutoria echando abajo lo que el pueblo catalán había aprobado en referendo. De esos hechos procede el aliento independentista de ahora.

Ahora la situación no es tan grave, pero la cuestión catalana vuelve a abrir enfrentamientos y el tribunal se partió en dos ante el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista del Parlament. A un lado, los puritanos legalistas que se ponen a defender que, al no tratarse de una ley, el TC no tiene nada que decir, ni tiene por qué pronunciarse. Al otro, quienes sí entienden que es de su competencia admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad. Tan ilustres personalidades se han enzarzado en una absurda discusión bizantina sobre si la declaración soberanista tiene o no tiene valor jurídico.

Esa discusión ya la hubo cuando el Estatut decía que Cataluña se consideraba una nación. Los legalistas alegaron que, como estaba en el preámbulo, no tenía valor normativo. Y no lo tenía, pero, hale, que esos magistrados vayan a cualquier pueblo del interior de Gerona y pregunten si Cataluña es una nación. Solo la duda merecerá una respuesta airada.

Pues bien: puede que la declaración del Parlament no tenga valor jurídico, cosa dudosa porque ha sido elaborada por los legisladores catalanes. Pero tiene un valor político de primera magnitud. Tan de primera magnitud que define a Cataluña -¿lo recuerdan?- como «sujeto político y jurídico soberano».

Yo, a distancia jurídica sideral de los señores magistrados del TC, me limito a preguntar: ¿Van a dar por buena esa definición de Cataluña? Si la dan por buena, ¿puede hacer un declaración similar el Parlamento vasco o el gallego si algún día hay mayoría nacionalista? Y si definirse así cabe dentro de la Constitución española, ¿por qué hay tanta oposición al derecho a decidir e incluso a proclamar la independencia? Si declararse como sujeto político y jurídico soberano no tiene por qué ser corregido por el TC, podemos dar por destruido el concepto de unidad nacional que teníamos. Pero si pronunciarse sobre algo así no entra en sus competencias, como sostienen varios de sus magistrados, les digo una cosa: ese tribunal no sirve para nada. Los recursos ordinarios pueden solventarse perfectamente en el Supremo. Y nos ahorramos un dineral.

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