La respuesta política, legislativa y administrativa al accidente del Prestige ha supuesto la adopción de múltiples medidas de prevención de la contaminación y el incremento de los medios materiales de respuesta a disposición de las autoridades marítimas. No obstante, el paso del tiempo ha dejado algunas cuestiones pendientes.
Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la falta de planificación y coordinación administrativa en respuesta a la crisis. Hoy es una cuestión que ya no produce especial inquietud política ni social. Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que, pese a las deficiencias del plan de contingencias marítimas del 2001, no se ha revisado este indispensable documento.
Esta falta de atención a los aspectos de preparación y lucha contra la contaminación ha quedado evidenciado además con la eliminación hace unos años del Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral (Cepreco). Este centro fue creado en el año 2004 como órgano administrativo «con vocación de permanencia» para hacer frente precisamente a los defectos del sistema de planificación de las contingencias marítimas y a los problemas de coordinación entre la Administración estatal y la autonómica. El centro cerró sus puertas, aprovechando la desaparición del interés mediático y social, sin cumplir con su objetivo básico. Como punto de contraste, el Cedre fue creado en Francia tras el accidente del Amoco Cadiz (1978). Hoy en día es un centro de referencia internacional en materia de lucha contra la contaminación marina.
«Nunca máis» es un horizonte que debe guiar el desarrollo de las políticas de seguridad marítima, pero a sabiendas de que dicho objetivo es irreal. No es posible garantizar el riesgo cero. Por ello, un elemento central de la seguridad frente a los riesgos del tráfico marítimo de mercancías es la disposición de una planificación adecuada de la lucha contra la contaminación generada por un accidente marítimo. Las autoridades marítimas estatales han estado más preocupadas por defender su gestión o por no abrir debates competenciales sobre la zona marítima que por cumplir su obligación de velar por el interés general mediante la revisión de la planificación de las contingencias marítimas a la luz de las lecciones aprendidas en el Prestige.
El juicio del Prestige ha hecho que los focos mediáticos se centren ahora en las responsabilidades penales. Sin despreciar la importancia de esta cuestión (que parece ser la única de las preocupaciones de organizaciones ecologistas y movimientos como Nunca Máis), lo más importante es aprovechar la reapertura del debate social para exigir un sistema de respuesta coordinado y eficaz y que garantice que las decisiones políticas vayan acompañadas de una sólida evaluación técnica. El anuncio, con motivo del décimo aniversario del Prestige, de que Fomento va a realizar una revisión del sistema -en el 2010 ya realizó un anuncio similar- indica cómo el efecto mediático ha guiado la respuesta política estatal a la crisis del Prestige, no precisamente la voluntad política real de ofrecer un sistema sólido de respuesta a las crisis marítimas. Muxía está demasiado lejos de Madrid.
Dicho esto, es necesaria una profunda revisión normativa del sistema nacional de respuesta, que distribuya y coordine de forma adecuada las competencias en la gestión de una crisis, que concrete los contenido mínimo de los planes y que dé coherencia a la deslavazada y desigual planificación territorial autonómica actual. A partir de esa base normativa es preciso revisar el plan nacional de contingencias y los planes territoriales autonómicos, de modo que, entre otras cuestiones, establezcan los protocolos de actuación, definan de forma precisa los órganos de dirección y respuesta, fijen el principio de mando único e identifiquen y organicen los medios de respuesta para dotar así de previsibilidad y automatismo al sistema.
Nunca es tarde cuando la dicha es buena, se suele decir. Merece la pena aprovechar esta ocasión -el décimo aniversario de la catástrofe- para reabrir un debate inacabado y poner al servicio de la ciudadanía la experiencia de quienes no han cejado en su empeño de que, si una crisis similar vuelve a remover las entrañas de todo un pueblo, se encuentre al menos a unos gobernantes con herramientas adecuadas y suficientes para luchar contra los elementos.