Solo quien sea como el metal ante los sufrimientos ajenos puede mostrarse indiferente frente al trágico problema de los desahucios de las docenas de miles de familias que no pueden pagar sus hipotecas. Pero, al tiempo, solo desde la irresponsabilidad cabe pretender resolver ese problema al precio de hacer saltar por los aires el sistema hipotecario que ha permitido en España a muchos millones de personas acceder a una vivienda en propiedad. Quien esto firma, por ejemplo.
Aunque ese sistema hipotecario -que no es, por supuesto, un servicio social de las entidades financieras sino una forma de hacer magníficos negocios- venía funcionando razonablemente bien antes del estallido de la crisis, lo cierto es que la alegría con la que mucha gente se endeudó y la insensatez con que bancos y cajas la animaron a endeudarse hacía temer desde hace tiempo que cuando la economía se torciera íbamos a tener serios problemas.
El del paro es, de hecho, el que está en el origen del crecimiento imparable de la morosidad, pues es el paro el que ha dejado a muchos sin los medios para hacer frente, entre otras, a sus obligaciones financieras, de forma que personas que se habían endeudado con una razonable expectativa de poder pagar sus créditos se encuentran hoy sin trabajo, sin dinero, sin vivienda? ¡y entrampados para un porrón de años!
Si las entidades financieras no hubieran tenido ninguna responsabilidad en esa situación, es decir, si hubieran estudiado con lupa los créditos concedidos y no hubieran entrado al juego suicida de prestar más dinero que el que cubría el valor real de las viviendas en un mercado no enloquecido por la especulación, quizá podrían hoy llamarse a andana y seguir como si tal cosa, pese a los demoledores efectos sociales que provocan los desahucios.
Pero los bancos -que, es cierto, no obligaron a nadie, como parecen sostener los demagogos, a constituir una hipoteca-, actuaron también, como tantos solicitantes de préstamos, con una falta de responsabilidad que los hace, en mayor o menor grado, corresponsables de la presente situación.
Por eso es de esperar que las Cortes adopten cuantos antes las medidas necesarias para conseguir dos objetivos: por un lado, ayudar a quienes se encuentran ante la terrible perspectiva de un desahucio (estableciendo períodos de carencia, alargando los plazos para el pago o negociando quitas entre acreedores y deudores); por el otro, evitar que las medidas de urgencia que sin duda hay que adoptar con la finalidad de ayudar a quienes hoy lo necesitan no se traduzcan en el futuro en un endurecimiento sin límites del sistema hipotecario que haga pagar a nuestros hijos los errores que, en medio de lo que parecía una fiesta sin final, cometieron quienes pidieron sin prudencia y quienes prestaron a lo loco.