A partir de la desastrosa gestión del caso Bankia, la política económica española se ha convertido en una pesadilla. Tres crisis entrelazadas van alimentándose entre sí, en un círculo cada vez más infernal: la financiera, la de deuda pública y la de la credibilidad del Gobierno. Todo ello, naturalmente, con el telón de fondo de la explosión de una gran burbuja, cuyas peores consecuencias se están viendo precisamente ahora, cuatro veranos después del comienzo de la crisis.
Por eso mismo, nada más natural que esta nueva y macabra Suite Iberia haya empezado por la Comunidad Valenciana, verdadera zona cero de nuestro desastre. Tras Cataluña, que es pieza mayor, ya van asomando otras comunidades como Castilla-La Mancha o Baleares, por lo general del arco mediterráneo. La caída de la recaudación -muy fuerte en el caso del impuesto de transmisiones patrimoniales- y el difícil calendario de vencimientos de deuda (más de 15.800 millones a refinanciar hasta final de año por el conjunto de las comunidades, 5.000 de ellos correspondientes a Cataluña) han originado amenazas reales de impago. Y más cuando los mercados de bonos parecen haberse secado para España e Italia en los últimos días: esa falta de negocio, y no la volátil prima de riesgo, constituye ahora mismo el peor síntoma de que las dificultades de la financiación son extremas.
Todo lo anterior, siendo preocupante, no constituye desde luego una sorpresa: sabíamos que la aprobación hace una semana del Fondo de Liquidez Autonómico se hacía para algo, y que algunos Gobiernos regionales no tardaría en utilizarlo. Pero, claro, por el medio estaba Montoro. Sus errores en este asunto han sido de nuevo estrepitosos: desde establecer un límite de déficit igual para todos (al margen de los servicios que satisfagan) y en la práctica imposible de cumplir, hasta su negativa a compartir con las comunidades autónomas el margen obtenido de Bruselas para el cumplimiento del déficit del Estado, todo ha sido una especie de desabrida invitación a aquellas para que pidan el rescate. Porque rescate es, o se le parece mucho, después de que el ministro pusiera todo su empeño en diseñar el mecanismo de provisión de liquidez casi a la medida exacta de los programas nacionales de rescate impuestos por la troika.
Las consecuencias de todo ello son funestas. En lo económico, porque disparan el pánico y la aversión a todo lo que suene a marca España, y por tanto, nos acerca más al abismo. Y en lo político, porque es esta una buena ocasión para agitar -ahora con más posibilidades de prosperar- la consigna de una reforma constitucional que elimine las autonomías. O sea, lo que le faltaba a la pesadilla: la amenaza de que un serio conflicto territorial se sume a la ya visible y creciente tensión social.