Desde el nombramiento del nuevo fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, una y otra vez dudo si referirme a él como fiscal general del Estado o del Gobierno. Sus rectificaciones van a pasar a la historia de las perlas jurídicas patrias. Desde que esta figura existe, siempre cantaron mucho sus coincidencias de criterio con los del Gobierno de turno, pero es que lo de ahora es descarado.
En el caso Camps el ministerio público, con el anterior fiscal jefe, acusó desde un principio, y una vez que llega el nombrado por el PP, decide no recurrir la sentencia absolutoria. Asunto Yak-42. La Fiscalía defiende la conveniencia de enjuiciar a seis militares por homicidio imprudente, y a pesar de ello no recurre el archivo de la causa. Con el juicio de Garzón, tres cuartos de lo mismo. En la vista oral la acusación pública lo considera inocente, pero tras su condena no recurre la sentencia. Y por último, en apenas unas horas se pasa de pretender el ingreso de Matas en prisión a decidir que siga en libertad. ¿Entienden ahora el porqué de mis dudas terminológicas? El Ministerio Fiscal es un órgano imprescindible en cualquier Estado de derecho que se precie. Sin su imparcialidad estamos condenados a una Justicia bananera, que, para qué negarlo, hoy por hoy es lo que tenemos.