LAS COMPLEJAS interpretaciones jurídicas con las que se pretende decidir la impugnación o no de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) empiezan a causar desconcierto. Hasta el último ciudadano de nuestro Estado democrático sabe lo que tiene que hacer Batasuna si quiere comparecer con todas las de la ley en las próximas elecciones municipales. El hecho de que los batasunos pretendan estar presentes sin cumplir la ley o jugando a forzar sus límites debería ser causa suficiente para que la puerta se cerrase en sus narices. No es el Estado de derecho el que tiene que romperse la crisma buscando soluciones para acogerlos. Son ellos quienes deben de cumplir la ley como todos los demás ciudadanos. Si no se les exige que sea así, aumentará el embrollo y el desconcierto, y se reactivará la crispación entre populares y socialistas. De momento, el Gobierno ha sido claro al asegurar que se impugnarán las listas de ANV que no cumplan la Ley de Partidos. Y es natural, porque es al Gobierno y a la Fiscalía General (y no al juez Garzón) a los que corresponde la iniciativa de la impugnación. Algo que debe hacerse con luz y taquígrafos, con respeto a la ley y con la voluntad firme de que la ilegal Batasuna no esté presente de un modo fraudulento en la próxima cita electoral. Como es bien sabido, Batasuna ha podido estar dentro del juego democrático con sólo condenar la violencia y desligarse de la amenaza etarra. Ahora no se trata de violentar la ley ni de inventar interpretaciones sutiles que hagan que el elefante quepa por el ojo de la aguja. Una estricta y respetuosa aplicación de la ley nos reafirmará en nuestras propias creencias democráticas y le dejará claro al mundo batasuno que no hay otros caminos que los legales. No hacerlo así le prestaría alas a ETA y nos dejaría a todos los demás sumidos en la confusión. Felizmente, todas las declaraciones del Gobierno apuntan hacia una esmerada atención al cumplimiento de la ley. Si es así, finalmente, se comprobará que la sociedad española respirará tranquila, con su confianza intacta en el comportamiento de las instituciones democráticas. Es obvio que, de no ser así, el panorama sería verdaderamente preocupante y desolador