NO EXISTE hoy un solo país desarrollado, si exceptuamos Japón, en el que el problema de la emigración no se haya convertido en una cuestión política de primer orden. En España, la rápida transformación de un país de emigrantes en una sociedad de inmigración, la grosera utilización que determinadas fuerzas políticas hacen del hecho migratorio y la inexistencia de una política europea en la materia, son hechos que confieren al problema dimensiones impensables muy poco tiempo atrás. Debido al excepcional salto económico producido en los últimos años, España se ha convertido muy rápidamente -demasiado, quizá- en un país de inmigración. El padrón municipal de habitantes registraba en el 2003 cerca de 2.700.000 extranjeros -frente a los 500.000 del padrón de 1996-, de los cuales, pese a los sucesivos procesos de regularización, casi un millón estaban en situación irregular. Sólo la regularización realizada en el 2005 ha permitido salir de la ilegalidad a cerca de 700.000 personas. El problema radica, sin embargo, en que la presión migratoria no va a ceder, y España está en las puertas del continente más pobre y desheredado del planeta. El Mediterráneo es una zona de ruptura donde se concentran todas las contradicciones entre los países ricos y pobres, o, como prefieren decir aquellos que combinan la habilidad semántica y el tacto diplomático, entre el Norte y el Sur. España está obligada a integrar a las poblaciones inmigrantes presentes en su territorio, y al mismo tiempo debe hacer frente en sus fronteras a una situación muy delicada debido al enorme número de aspirantes a entrar en el país. Pero no podrá gestionar sola esta compleja situación, y el Gobierno, con razón, no está dispuesto a convertir a España en el gendarme de Europa ante las puertas de África. Así pues, la UE está obligada no sólo a poner los medios para afrontar los períodos más agudos de la crisis, sino, y sobre todo, a cambiar su estrategia sobre los flujos migratorios y su relación con los países de origen de la inmigración, única forma de atajar el problema en su raíz. Tampoco la derecha española parece dispuesta a facilitar las cosas. En vez de colaborar con el fin de articular una respuesta racional y democrática al fenómeno migratorio, el PP se dedica a alimentar una peligrosa corriente de pensamiento, o lo que así se denomina, que deplora profundamente la inmigración y se manifiesta contra su continuada permanencia en el país. Establecer una odiosa equivalencia entre inmigración y delincuencia, como hizo hace dos días el inefable Acebes, sólo puede estimular las conductas racistas y xenófobas. Pero el PP no está dispuesto a cambiar su discurso. Al contrario, cree haber encontrado en esta cuestión un filón electoral inagotable, un arma infalible para derrotar a la izquierda, y no prescindirá de ella. Así las cosas, debemos tomar conciencia de que dar respuesta a los múltiples problemas que genera la inmigración -y a las causas que la producen- se ha convertido en el principal reto al que se enfrentan nuestras democracias.