UNA POTENTE máquina niveladora horada el mundo económico, derriba sus muros y lo aplana. Las curvas y laberintos pertenecen al pasado. El sistema de comunicaciones, desarrollándose vertiginosamente, hace que las empresas y los negocios no tengan fronteras. La globalización es un fenómeno imparable en el que sus consecuencias están llegando, novedosas, cada día. Y al unísono, la delincuencia se globaliza y las mafias se adaptan a los nuevos tiempos. La reciente detención de casi 300 personas pertenecientes a una mafia rumana, acusadas de todo tipo de tropelías delictivas, nos pone delante de un reto sin precedentes. El número asusta. El constatar que existen, ingentes, con un notable grado de organización, dedicadas a delinquir como principal profesión, es preocupante. No lo es menos el que se señale que sus principales directivos no están en España, sino que dirigen el entramado delictual desde su país. Parece una sesuda empresa, con reparto de funciones, de las antaño llamadas multinacionales. Pero una vez realizadas las detenciones, la dificultad está en manejar el asunto. Los juzgados españoles, ni aun los de la Audiencia Nacional, acostumbrados a causas complejas, no están preparados para asuntos de esta envergadura. Y no lo están porque el sistema judicial, creado en tiempos históricos, no se ha adaptado a esta época en que la tierra se aplana y la delincuencia se internacionaliza. La cuestión no es teórica, ni esconde ninguna intención crítica. Hay antecedentes, la operación Nécora o el caso de la colza¿ en que aun siendo menos procesados, y españoles, se tardó varios años en juzgarlos, lo que, traspasado a este caso, supondría más tiempo y por el transcurso de más de cuatro años de prisión habría que poner en libertad a los acusados, con riesgo real de fuga e imposibilidad por ello de juzgarlos. Por eso sería de especial interés que el Consejo General del Poder Judicial hiciera un seguimiento minucioso del caso y fuese planteando alternativas a las dificultades que vayan surgiendo. Lo que no es conveniente es que el procedimiento se embarranque y se pierda en el tiempo, con la excusa de que se trata de un procedimiento muy complejo y del «qué le vamos a hacer» o «las cosas son así». Un fracaso en la instrucción o en el enjuiciamiento de esta mafia daría alas a la delincuencia internacional y pondría en peligro nuestro propio Estado de derecho, que obliga a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado y a nuestra propia seguridad como ciudadanos. Las redes organizadas de delincuentes tienen que saber que la Justicia española va a responder y que un éxito policial, como lo es la detención de la mafia rumana, va seguido de un éxito judicial.