LA ACTUAL situación política española ha determinado una excepcional actividad política del rey Juan Carlos. Nuestra Constitución consagra una «monarquía parlamentaria», que no entraña ningún especial protagonismo político del Rey ni preeminencia de la Corona en el sistema institucional. Simplemente se quiere decir que nuestro sistema es parlamentario y que la jefatura del Estado es monárquica. Como tal, el Rey asume un papel de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. Y es símbolo, pero no árbitro ni defensor de la Constitución. Eso se traslada a la forma de actuación: el Rey no decide, sino que ejerce su importante papel por medio de la persuasión, el aliento y la mediación. Su grandeza radica en dar con ese valioso punto medio entre ser puro «penacho ornamental» del sistema o actuar excesivamente, al margen de las limitaciones constitucionales. Nuestra historia ha penado tanto una cosa como otra.