EL ESTATUTO de Autonomía, escribí hace casi veinticinco años, «abrirá una nueva dinámica en Galicia». Su lengua y su cultura no tendrán -decía entonces- que ser utilizadas como arma defensiva -u ofensiva- contra una «estructura alienante». El galleguismo, entendido como antorcha testimonial transmitida de generación en generación, es ampliamente compartido. El autogobierno, cualquiera que sea su calificación, es una realidad. El dibujo de Castelao «Meus fillos, a nosa Terra xa e nosa» , rezuma hoy menos ironía que entonces. No todo, obviamente, está hecho. Se nos incita, en la actual coyuntura, a reflexionar sobre lo que conviene reformar, en un apremio que se debe más a incitaciones políticas que a urgencias de la sociedad. Habrá que aceptar el envite. El espacio autonómico puede constituir un objeto del análisis. Forma parte de la cultura autonómica, en la que cabe una mayor profundización. Porque en todos estos años lo autonómico se presenta aplastado entre lo estatal y lo local. Lo ponen de manifiesto los comportamientos y resultados de las elecciones. Las autonómicas aparecen más próximas a las generales -casi pegadas a ellas- que a las locales. Y, sin embargo, no es difícil deslindar el perfil de lo autonómico. Cada vez en mayor medida, al ritmo de las competencias reconocidas o transferidas a las comunidades autónomas, muchos e importantes asuntos se ventilan en su interior. Las grandes infraestructuras, las relaciones internacionales y la defensa, o las políticas que tienden a asegurar la igualdad y la solidaridad, son responsabilidad de Estado. El poder local reclama también un mayor protagonismo. Entre ambos lados queda una amplia banda que corresponde a los intereses autonómicos, con el bien entendido, como es obligado en un Estado compuesto, de la necesaria cooperación. Las cuestiones autonómicas están menos influidas por posiciones ideológicas que las del ámbito estatal, aunque no sean indiferentes. La política exterior con Iberoamérica o con Marruecos tiene incidencia en la comunidad autónoma. Como tampoco es intrascendente la orientación general sobre la educación, sobre todo la no universitaria. Son muchas las cuestiones en que aquellos encuadramientos no son determinantes. En su ámbito pueden plantearse y llevarse a cabo políticas propias. En la búsqueda de responder adecuadamente a la identidad y a los intereses respectivos se produce, con toda naturalidad, una diferenciación entre las comunidades autónomas. No tienen por qué ser la respuesta clónica de una programación general. La vertebración interna, la ordenación del territorio, la política universitaria o de pesca y tantas otras dependen de una u otra orientación autonómica. No es cuestión de desarrollar y ejemplificar. Cuando detrás existe una historia que se condensa en su sentimiento profundo de autoconciencia colectiva, la consideración autonómica es más obligada. La prioridad de esa consideración ha de reflejarse necesariamente en el comportamiento y hasta en la configuración de las formaciones políticas que operen en cada comunidad autónoma. En Galicia, nos movemos entre las estatales, más o menos descentralizadas -PPdeG y PSdeG- y nacionalistas -BNG- que ocupan el espacio autonómico.