EL TORRENTE informativo que, inevitablemente, ha generado el sorpresivo anuncio del compromiso matrimonial del Príncipe de Asturias, así como los numerosos comentarios que el acontecimiento ha suscitado -desde los más serios a los más cursis- han relegado, injustamente, a un segundo plano el terrible drama que el último fin de semana se ha producido en aguas del Estrecho, con el resultado de 40 inmigrantes muertos -hombres, mujeres y niños- al naufragar la frágil patera en la que pretendían alcanzar las costas españolas. Pero la marginación informativa de tan graves sucesos no se debe fundamentalmente a la celebración de acontecimientos excepcionales, como el ya comentado compromiso del heredero de la Corona. Las noticias que muestran la tragedia humana que diariamente se produce en nuestras costas meridionales ocupan cada día menos espacio, y su tratamiento informativo parece perseguir la ritualización del drama, reduciendo, de este modo, su impacto en la sociedad. Paralelamente se desarrolla en nuestro país una potente corriente de pensamiento -o lo que así se denomina- de carácter xenófobo, que deplora profundamente la inmigración, está muy resentida con ésta y es radicalmente opuesta a su entrada y continuada presencia. Del seno de estos sectores surgen reflexiones y propuestas carentes de todo rigor, que generan gran inquietud en la población y desencadenan actitudes muy peligrosas para la convivencia. A esta delicada situación, desgraciadamente, ha contribuido la desafortunada actuación del Gobierno. Con un discurso político alejado de la pedagogía democrática, el ejecutivo ha estimulado los recelos hacia la inmigración, permitiendo o promoviendo campañas tendentes a estigmatizar a los inmigrantes, a los que se ha convertido en sinónimo de ilegalidad, miseria, conflictividad y delincuencia. Al mismo tiempo, el Gobierno no ha sido capaz de resolver los problemas que, indiscutiblemente, genera el fenómeno migratorio. La ausencia de una política eficaz que regule los flujos migratorios a través de convenios internacionales, así como una inadecuada política de contingentes, están reduciendo drásticamente la emigración legal, favoreciendo conscientemente la irregular. Sin embargo, tanto desde el Gobierno como desde determinados medios de comunicación se oculta sistemáticamente que los trabajadores extranjeros son imprescindibles para nuestro sistema económico y productivo. La agricultura de Levante o la construcción en Madrid, Cataluña o Baleares no serían posibles sin la mano de obra inmigrante. Del mismo modo que no sobreviviría la industria alemana sin los trabajadores turcos, la francesa o italiana sin inmigrantes del norte de África o la británica sin el concurso de los trabajadores de sus antiguas colonias. Pese a la evidencia, el Gobierno no tiene la mínima intención de dar respuesta, desde los valores democráticos, a los problemas derivados del hecho migratorio. Al contrario, creen haber encontrado en dichos problemas un filón electoral inagotable, un arma infalible para derrotar a la izquierda, y no prescindirán de ella. En abierto contraste con la política del Gobierno, la democracia española y, desde luego, la izquierda, tienen que valorar, sin reservas, la inestimable aportación de los inmigrantes, favorecer los flujos migratorios legales y promover la convivencia intercultural, desterrando anatemas que sólo favorecen conductas racistas o xenófobas. Una sociedad civilizada debe asumir que, para los pobres del mundo, la emigración es la forma más evidente de escapar a la privación y el sufrimiento. Y la preocupación por nuestros semejantes, dondequiera que se hallen, debería estar en la conciencia de todos. Para empezar, evitando que la terrible tragedia que se vive a diario en nuestras costas deje de ser noticia.