EL PASADO 28 de mayo la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) adjudicó a un consorcio formado por la constructora Sacyr y otras entidades financieras, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), donde se integran, entre otras, la Autopista del Atlántico (Audasa), la Autopista A Coruña-Carballo y la Autopista Puxeiros-Baiona. El precio fue de 1.586 millones de euros (263.888 millones de pesetas) y la concesión llega hasta el año 2048. Toda una operación financiera y especulativa, ya que el consorcio está exento de realizar inversión nueva y Audasa estará amortizada antes del 2023. El Gobierno recibe así un anticipo (además de ingresos impositivos asociados al peaje) y el consorcio obtiene suculentos beneficios en los próximos 45 años. Naturalmente, el usuario de la autopista es otra vez el perdedor. En este sentido, conviene recordar que las infraestructuras de comunicación son servicios públicos esenciales y que la Autopista del Atlántico es un activo estratégico para el desarrollo de Galicia. La financiación/gestión privada de las autopistas de peaje se producen por motivos concretos y en condiciones específicas. Así, razones vinculadas al crecimiento económico o restricciones presupuestarias relevantes, pueden dar lugar a que los gobiernos acudan a la empresa privada para financiar y gestionar una autopista de peaje (mediante concesión) durante un tiempo determinado, a los efectos de que esta pueda recuperar el coste de la inversión y obtener el beneficio correspondiente. Además del modelo concesional, existen hoy otras fórmulas (modelos alemán y británico) para financiar privadamente las autopistas. La primera, llamada «fórmula de llave en mano», consiste en que una empresa privada construye la autopista y la entrega después a la administración, que a su vez deberá gestionarla y pagarla en un plazo máximo de diez años. En el modelo británico (peaje en la sombra) la construcción y gestión de la autopista se lleva a cabo por la empresa privada, abonando la administración cantidades periódicas en función del número de usuarios que utilizan la infraestructura. El peaje en la sombra suele genera malestar y agravios comparativos con respecto a la utilización de autopistas con peaje explícito. Todas estas fórmulas son comprensibles para el ciudadano, como también lo es la contraprestación que recibe la empresa por su inversión y riesgo. Pero esto no sucede en la privatización de Audasa. Aquí el consorcio se forra por anticipar dinero, el Gobierno seguirá presumiendo de ficticias estrategias fiscales a la baja, mientras los titulares y usuarios de la misma pagamos la factura. Acuérdese de ello cuando pase por taquilla. Alguien nos debe una explicación.