«GALICIA a la cola de la innovación europea» era el sintético titular de un infográfico publicado por este periódico el pasado dos de mayo. Con la única intención de recordar: La inversión en investigación y desarrollo en España apenas alcanza el 0.9 por ciento de su producto interior bruto. La de Galicia, un 0.7 del suyo, inversión que en relación a la del Estado no supone todavía el 4 por ciento, si bien se incrementó en un treinta por ciento en los dos últimos años. Más grave es si cabe el indicador de recursos humanos globales dedicados a la investigación: apenas cinco por cada mil habitantes. Indicador que por referenciarlo se duplica en el País Vasco, pero que también es superado por Castilla y León. Los estudios sirven para olvidarlos, pero este no debiera ser el caso del esfuerzo realizado en el proyecto Galicia 2010, al menos como uno de los inputs iniciales en un necesario proceso de reflexión en torno a la innovación. Y por ello habría sido conveniente que, ante la posibilidad generada con el denominado Plan Galicia para después de la catástrofe, la innovación se considerara un objetivo solidario por parte del Estado, y no dependiera abusivamente de los fondos de la Unión Europea. Si bien el objetivo en términos de infraestructuras cabe en los presupuestos comunitarios, no así el imprescindible incremento de los recursos humanos y su adecuada gestión, con el consiguiente gasto, verdadero soporte de la innovación. Porque si los cerca de 90 millones de euros solicitados por la Xunta a los fondos Feder permitirán poner en marcha tres centros tecnológicos bien definidos, y otro -en mi opinión- con un grado de indefinición y previsible concurrencia con otros existentes que lo hace cuestionable, obviamente no consiguen paliar la baja inversión propia en investigación del Gobierno gallego que no supera la cuarta parte de la inversión realizada en Galicia. La reciente re-creación de la Consellería de Industria como Consellería de Innovación debería perseguir no solo un amplio grado de reflexión y de consenso en la formulación de una prioridad política en torno a la innovación y la investigación, sino también un nivel de ejecución eficaz de dicha política. Aún pudiendo no parecerlo, dada la intensidad de su anuncio, las obras públicas no son el único déficit de la estructura económica gallega, y por ello resulta acertado -quizá también esperanzador- lo señalado, aún en condicional, por el conselleiro de Innovación respecto a que «quizá haya que hacer menos carreteras y más I+D, pero habrá dinero para esta última». Convendría añadir, aunque fuera también en condicional, que «a lo mejor, el diseño político de la acción innovadora no se verá entorpecido por el estéril y agotador equilibrio territorial e institucional como principio prioritario, y quizá sea posible que responda a criterios de necesidad y eficacia». Todo ello si, por fin, se desarrolla una política de innovación.