PROBABLEMENTE nunca conoceremos con exactitud el contenido de la entrevista celebrada el martes entre Ana Palacio y Colin Powell, pero no es difícil suponer que la crisis del Estrecho y el futuro del Sáhara habrán ocupado un lugar relevante. Sea cual fuere dicho contenido, sería necesario que en España seamos conscientes de que nos enfrentamos a un movimiento de fondo en toda el área. Los problemas de Ceuta, Melilla, Gibraltar, el Sáhara Occidental, e, incluso, la seguridad de las Islas Canarias, constituyen un conjunto de vasos comunicantes cuyas soluciones parciales se influyen recíprocamente. Y los intereses son múltiples. Ahora ya sabemos, aunque Madrid no lo confirme, que dos submarinos estadounidenses estuvieron apostados en el Estrecho desde el primer momento de la crisis de Perejil con instrucciones dudosas en relación con España, y que el Gobierno de Anthony Blair mantuvo informado permanentemente a Rabat de los avances en las negociaciones sobre Gibraltar con Madrid, lo que puede explicar la presión renovada sobre las dos ciudades autónomas. Así las cosas, la diplomacia española tiene que moverse con firmeza y habilidad. Y la cuestión del Sáhara se convierte en el eje de nuestra posición. Ni es posible, ni es justo, ni nos interesa, abandonar a su suerte al pueblo saharaui. Argumentar acerca de la escasa posibilidad del Sáhara para subsistir como Estado independiente, con el fin de disimular un cambio de posición, resulta especialmente obsceno. ¿Acaso Timor Oriental puede disponer de derechos que se le niegan a los saharauis? Bajo administración colonial española desde 1884 hasta 1975, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), primero, y la ONU, después, mantuvieron, frente a las pretensiones marroquíes, que el Sáhara no era una «terra nullis» (tierra de nadie) y que los vínculos con Marruecos eran insuficientes para reconocer la soberanía de Rabat. En noviembre de 1975, mientras Franco agonizaba, España firmó los Acuerdos de Madrid, con Marruecos y Mauritania, bajo la presión de la ocupación de facto del territorio por parte de 350.000 civiles y 120.000 efectivos militares marroquíes. El Ejército español recibió, afortunadamente, la orden de no disparar. Marruecos no respetó el Acuerdo y en 1979 tomó la mitad sur del Sáhara cuando Mauritania retiró sus demandas. España elaboró un censo en 1974 en previsión de un futuro referéndum que Rabat no reconoce a pesar de la inserción de numerosa población marroquí emigrada. Si entregamos el Sáhara, preparemos la huída de los ceutíes y de los melillenses. Así es la vida.