LOS DATOS difundidos por el Instituto Nacional de Estadística según los cuales Galicia perdió 35.000 habitantes en la última década muestran un problema grave y, aunque esperados, han causado una honda preocupación en la opinión pública que puede transformarse en alarma social cuando los ciudadanos sepan que la Xunta de Galicia carece de un proyecto de revitalización demográfica que, a través de una acción sostenida en el tiempo, pueda invertir la actual tendencia negativa. En todos los países desarrollados con reducidas tasas de natalidad suelen existir altos índices de desempleo, particularmente femenino, altas tasas de eventualidad y un exiguo desarrollo de servicios sociales. Galicia es un caso paradigmático. Con una tasa de paro del 13,5%, que se eleva al 20% entre las mujeres y una tasa de precariedad del 34%, la más alta de la Unión Europea, no pueden sorprender los resultados que contempla el Censo de Población 2001. Por lo que se refiere a los servicios sociales, en especial los de ayuda a la familia, en un país en que retóricamente se proclama a ésta como la base de la sociedad, tales como residencias de ancianos, escuelas infantiles o ayudas a los discapacitados, ocupamos los últimos lugares de España que a su vez está a enorme distancia de la media Europea y a años luz de los países más avanzados. Éstas son las causas sobre las que la Xunta ha decidido no intervenir, que han conducido a una reducción de la tasa de natalidad en Galicia hasta niveles inferiores a los que garantizan la sustitución de la población y por tanto el relevo generacional. Pero las responsabilidades de la Xunta no se agotan aquí. En febrero de 2001, cumpliendo una resolución unánime del Parlamento, el gobierno gallego presentó ante la Cámara un importante documento: Plan para la revitalización demográfica de Galicia. Tras la presentación de más de 70 propuestas por parte de la oposición, la Xunta, sin mediar explicación alguna, bloqueó la votación y la aprobación del Plan, impidiendo que Galicia disponga hoy de un proyecto estratégico, consensuado e integrador, para abordar la crisis demográfica. Transcurrido más de un año nada se ha vuelto a saber sobre aquel proyecto. El presidente Fraga, autoproclamado hagiógrafo de la demografía, y la conselleira López Besteiro nos deben, como mínimo, una cumplida explicación.