Se la acaban de asestar los populares al Poder Judicial forzando el reingreso a la carrera del juez Gómez de Liaño, cogido entre dos fuegos en un ajuste de cuentas barriobajero. Al menos son agradecidos. Alguien que no sufre el desorden planeó la guerra digital . Con la noble excusa de que los monopolios de la información anulan el pluralismo político (riesgo doblado en productos de alto contenido ideológico como los partidos televisados), pretendían debilitar al gran empresario renuente a la mayoría e impulsar una plataforma mediática de confianza. La típica flexibilidad de los liberales indígenas: abominan de toda intrusión estatal en la dinámica del mercado, pero legislan para ordenar el comercio de imágenes de fútbol, declarado bien de interés general por Cascos. Batalla mal planteada y peor librada. Hasta el ciego de Jericó habría visto que en el caso Sogecable faltaba base legal segura para entallar a nadie, y sólo la compulsión punitiva del togado que montó su conciencia ética a horcajadas de la Ley y los jaleos de los tendidos de sombra gubernamental animaron una demanda chapucera de encargo. Pero el Tribunal Supremo no estima figura delictiva el éxito empresarial, y Liaño recibe tarjeta roja directa por juego canillero. En cuyo decreto de indulto hay cosas de pandereta, como la vuelta al escalafón antes de cancelar los antecedentes penales y la prohibición de concursar a la Audiencia Nacional. Y la duda de fondo subsiste: si el indultado de las penas del delito de prevaricación continuada debe ser repuesto sin más, dado que con la condena ha perdido la condición fundante de la función jurisdiccional que es la imparcialidad objetiva. El desenlace de la película incluía, ironías del guionista invisible, el enlace de conveniencia entre Canal Satélite Digital y Vía Digital. Hay dos actores que no olvidarán su parte: el justiciero ajusticiado y el ministro desautorizado. Pero los duelos con salmón, menos son.