ENRIQUE CURIEL
16 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Tiene razón José María Aznar cuando afirma que la actual etapa de estabilidad y modernización de España se debe, en buena medida, a la Constitución de 1978. Bienvenida sea su llegada a esta convicción común. Pero el presidente del Gobierno no debería ignorar que la clave de esa potencia benéfica de nuestro texto fundamental se debe a que se buscó el reencuentro de las dos ideas de España. En un esfuerzo sin precedentes, la izquierda, la derecha y los nacionalistas cedíamos en una parte de nuestras convicciones sobre la visión de España para alcanzar un modelo de convivencia que nos permitiera construir un Estado habitable. Ni España podía ser concebida desde la exclusión de otras realidades políticas, culturales e históricas, ni se podía negar la propia existencia de la noción de España. Efectivamente, tenemos un instrumento útil, y el consenso debería presidir todo lo que se refiere a su desarrollo y avance. Como afirmaba Manuel Fraga en 1978, «así como en otros momentos la gran cuestión polémica fue, como en Cádiz, la libertad de expresión o como en 1869 ó 1876, la tolerancia de la libertad religiosa; o en 1931, la forma de Gobierno, en este momento histórico será sobre el acierto o el fracaso en esta materia de la salvaguardia de la unidad nacional y la articulación efectiva de un sistema constructivo de autonomías por donde nos juzgará la Historia». Si recupero esta cita del profesor y ponente constitucional, Manuel Fraga, no es con el ánimo de zaherir a su partido aprovechando su defensa de la reforma constitucional del Senado. Se trata de mantener vivo el talante reformador e innovador de la Constitución en lo referido al debate territorial. Aquella voluntad de consenso debería presidir los desarrollos inevitables que se avecinan por la propia lógica de las cosas. Porque lo cierto es que el Senado ha muerto. Se ha convertido en el gran mudo de nuestro sistema institucional. El modelo vigente de la segunda cámara ya aparecía en la Ley para la Reforma Política y estaba prevista como contrapeso de una Cámara Baja elegida por criterios proporcionales. Hoy, aquellos temores han desaparecido, pero carecemos de un Senado en el que el Gobierno y las comunidades autónomas puedan debatir contenidos como los sugeridos por la confusa ley de cooperación autonómica. Será necesario acordar la presencia de las comunidades autónomas en la Unión Europea o constituir la conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno. Fraga, con el mejor estilo lampedusiano, lo advierte: «Las reformas parciales impiden las globales». Que Aznar le oiga.