Las clases acomodadas, que disfrutan de coches grandes y casas confortables, nunca saben el precio de la gasolina. A veces se molestan, incluso, cuando la televisión insiste en informar sobre las tarifas de Repsol -¡qué poco gusto, Dios mío!- como si del anticiclón de las Azores se tratase. Y por eso supongo que esa gente nunca se va a enterar de que, aunque ayer tarde se haya aparcado la medida por simples cuestiones de forma, le acabarán subiendo los combustibles para financiar la sanidad. Las clases medias, en cambio, que hacen muchas cuentas para llegar a fin de mes, notarán enseguida que tienen que entregar dos euros (333 pesetas) más para llenar el depósito del Panda, y que su diario desplazamiento al trabajo, o su pequeña excursión de fin de semana, les hace más cuesta arriba la última semana del mes. A eso le llamamos impuestos indirectos, ya que, al no ser aplicados sobre las rentas o el patrimonio, sino sobre un bien de consumo imprescindible, cargan por igual sobre ricos y pobres, sin distinguir entre los que usan la gasolina para trabajar o para divertirse, o entre los que ganan mil o cinco mil euros (831.930 pesetas) al mes. Esa es la razón por la que a la derecha le gusta bajar el impuesto sobre la renta y compensarlo con tasas o impuestos indirectos, ya que es una manera de trasladar la financiación del Estado hacia las clases medias y bajas, mientras se alivia la presión sobre las rentas altas y sobre la actividad industrial y financiera. Los impuestos directos, progresivos y no finalistas fueron un gran avance social, mientras la imposición indirecta, finalista e igualitaria, da un giro muy liberal al modelo, e introduce cortes de bienestar en función de la renta. Pero la lección de este impuesto, que la Xunta espera como agua de mayo, tiene otros corolarios. Porque muchos ciudadanos se empiezan a enterar de cómo se pagan las músicas del verano, el recinto ferial de Silleda, las facultades duplicadas y vacías, los palacios de congresos convertidos en mausoleos y los organismos y asesores inútiles. Porque, aunque es verdad que el impuesto está pensado para financiar la sanidad, su concreta necesidad surge de un gasto público claramente irresponsable. Así se explica el interés de la Xunta en ampliar la finalidad del impuesto, para evitar que la subida neta de los recursos de la salud sea menor que la recaudación ligada a los combustibles, y para que no se note que se trata de una subida de impuestos antisocial e insolidaria. Por eso le sugiero que se palpe sus bolsillos y recuerde a quien votó, aunque en modo alguno le instigo a que lo haga. Porque no quiero que Fraga me riña -¡qué miedo, madre!-, y porque sé que las mejores lecciones políticas se esconden en una cartera vacía.