VENTURA PÉREZ MARIÑO
29 mar 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La legitimación que tiene un juez para impartir justicia le viene determinada por la aplicación estricta de la ley: es lo que se denomina principio de legalidad. El ajustarse a la norma es la mayor bondad de la Justicia, sin perjuicio de que la aplicación de la Ley ha de hacerse teniendo en cuenta el contexto social y la realidad del tiempo en que discurre. Así los cosas, el juez que ha puesto en libertad a una de las asesinas de Clara (la niña de San Fernando), no ha hecho más que cumplir con su obligación, al haber finalizado el plazo de prisión preventiva, -en tanto no haya sentencia firme-, que la recién nacida Ley penal del Menor establece. Cualquier otra decisión no habría sido más que una aplicación arbitraria y, por ello, ilegal. Pero el hecho sigue ahí, y repugna al sentido común el que unas niñas de 17 años, a las que se juzga por hechos gravísimos, no puedan estar en prisión preventiva más que seis meses; o que los perjudicados (padres de la niña asesinada) no puedan ejercer la acusación particular. Por eso el legislador, como intérprete de la voluntad popular debe, con prisa, modificar la ley. Sin olvidar, y eso vaya a cargo del legislador, que dicha Ley del Menor ya fue necesario cambiarla antes de entrar en vigor el pasado enero. Compartiendo el espíritu de la norma de velar por los derechos de los menores delincuentes, habrá que convenir su error, como muy acertadamente han señalado los propios abogados de las niñas. Cuestión diferente es la reincorporación a la Policía Municipal del Ayuntamiento de San Sebastian del agente Patxi Añorga después de haber cumplido la condena que le fue impuesta por la Audiencia Nacional por haber colaborado con ETA. No voy a entrar aquí en si hubo dejadez de las autoridades al no haberle abierto en su momento expediente disciplinario, o si se utilizó alguna triquiñuela legal. Lo que resulta a todas luces evidente es que no puede volver a ser policía municipal salvo, claro está, que se acepte trastocar las reglas elementales de la lógica. Las autoridades municipales, en uso de sus obligaciones, tienen que velar porque imperen razones de justicia que permitan la convivencia entre los ciudadanos. Tendrán que pedir los informes que crean oportunos, abrir un expediente por falta de idoneidad sobrevenida en el policía municipal, lo que quieran, pero tienen que evitar el bochorno de que el lobo vuelva a cuidar a los corderos.