Los bancos centrales se han convertido, seguramente contra sus propias inclinaciones, en protagonistas principales en la definición de las políticas económicas contemporáneas. Hace unos pocos años su labor se circunscribía a intentar alcanzar el objetivo de estabilidad de precios y, a veces, a favorecer la estabilidad financiera mediante la regulación y la supervisión de bancos. Pero desde 2008 han dispuesto operaciones extraordinarias y muy cuantiosas (hasta el punto de que sus balances se han más que triplicado en bastantes casos) con el fin de alcanzar metas mucho más ambiciosas, todas ellas relacionadas con la necesidad de evitar males mayores: la constricción del crédito, la conversión de la crisis financiera en real, la deflación, el colapso de los mercados de deuda o, incluso, la desaparición del euro.
Las urgencias económicas que han seguido este año a la crisis sanitaria no han hecho sino reforzar ese papel mucho más diligente, sobre todo a través de nuevos e importantes impulsos de las operaciones de compras de activos. En particular, el BCE ha acoplado de un modo satisfactorio su actuación con la de los órganos políticos de la UE, los cuales, esta vez sí, se han mostrado más enérgicos y proactivos. Pues bien, dado que la Unión ha dispuesto sus dos grandes programas estratégicos en torno a la llamada doble transformación, digital y medioambiental, cabe pensar que el Banco de Fráncfort ajustará su línea de acción en esa misma dirección. Sus órganos directivos están dando algunas señales en ese sentido.
En realidad hace años que el conjunto del sistema financiero internacional parece haber entendido que para él es imprescindible adaptarse a la dinámica de descarbonización. Sobre todo, por un motivo: si la UE y China -y confiemos que también los Estados Unidos de Biden- cumplen sus anuncios de reducir sus emisiones en 2030 en un 55 %, entonces buena parte del dinamismo económico se situará en sectores y actividades muy diferentes de las de ahora mismo. Y ahí radicará una buena parte del nuevo negocio de las finanzas. El fortalecimiento reciente del mercado de «bonos verdes» ya lo está anunciando. Y por otro lado, esos cambios profundos también traerán consigo nuevos e importantes riesgos, por lo que los planes hacia una economía verde condicionarán también las políticas de regulación.
Algunos de los principales banqueros centrales de los últimos años -como los gobernadores Marc Carney y François Villeroy, respectivamente de los Bancos de Inglaterra y Francia- han escrito interesantes textos en esa dirección. Según el primero de ellos, «para que los riesgos y la resiliencia climática sean parte central del proceso de toma de decisiones financieras,…la gestión del riesgo climático tiene que transformarse, y la inversión sostemible tiene que pasar a ser una práctica generalizada».
Si el conjunto del sistema financiero evoluciona y cambia en relación con esos problemas y nuevos objetivos, los bancos centrales no puede quedarse en ningún caso atrás. Al contrario, están obligados a liderarlos y mantenerlos bajo control. En todo caso, esas responsabilidades cuadran perfectamente con el compromiso que ahora estos organismos parecen haber asumido en materia de crecimiento económico (intentando frenar, al menos, eventuales tendencias hacia el estancamiento). Ello se traduciría, por ejemplo, en la inclusión del factor climático entre sus condiciones básicas para la compra de bonos. Ciertamente, las funciones de la banca central, y las ideas sobre la posición que debe ocupar en el juego económico están mutando aceleradamente.