La inversión en tiempos de crisis

Europa, y España en particular, necesita engrasar la relación entre la inversión privada y la pública. En el caso de la primera, dado que sigue tocada por los efectos tóxicos derivados de la incertidumbre. El gasto de las distintas administraciones, por su parte, continúa mostrando señales de debilidad asociados al elevado apalancamiento que soporta el país. Equilibrar ambos factores es ahora mismo un elemento indispensable para consolidar la senda de la recuperación económica.


Catedrático de Hacienda Pública de la Universidade de Santiago

En una economía de mercado la variable inversión es fundamental, pues sin ella la sociedad no podría modernizarse ni garantizar determinados niveles de bienestar. Pero, como decía Samuelson, «en todo lo referente a la inversión total, estamos en manos de los dioses», pues la incertidumbre es inseparable de la vida, si bien es cierto que existen grados y la política puede contribuir a reducir su intensidad. Bueno, decir esto en el contexto español actual es aventurado, pero pienso que así debería ser, ya que el empresario ha de estimar un horizonte de rendimientos probables, en función del cual tomará decisiones.

Con una perspectiva de largo plazo, merece la pena preguntarnos por una complementariedad inevitable: la inversión pública en relación a la que lleve a cabo el sector privado, que en un escenario de tipos de interés extraordinariamente bajos y expectativas no muy optimistas, no parece expulsar a quienes buscan financiación en el mercado, tanto vía coste de capital como vía cantidad.

La coyuntura actual viene definida por una recuperación más que tímida, en comparación con otras históricas, permaneciendo visibles los estigmas de la gran crisis: crecimiento potencial muy deteriorado, inflación anormalmente baja, convergencia ralentizada. Y la inversión, considerada de modo general, se ve penalizada por la persistencia de fragilidades tanto financieras como presupuestarias. Podríamos decir, sintetizando mucho, que la actividad económica en la zona euro está aún convaleciente, con un tratamiento prolongado de vitaminas que le proporciona la política monetaria acomodante del BCE.

Echémosle un vistazo más detenido a la inversión privada, que juega en ese estadio relativamente embarrado. En algunos países, especialmente en Italia, Portugal y España, las restricciones financieras han afectado a la inversión, y así, junto a la elevada incertidumbre y al endeudamiento significativo de muchas empresas, se han constituido en formidables barreras. Sin embargo, la atonía de la demanda ha provocado muchas holguras en su capacidad, lo que ayuda a explicar la atonía inversora, más allá de cubrir la depreciación de los equipos, que no es propiamente inversión, ya que no se añade nada al stock de capital fijo. En resumen, las empresas invierten en función del volumen de negocio esperado en relación a su capacidad disponible, de las condiciones de financiación y de la confianza, condicionada por la incertidumbre. Esto es así, lo explica la teoría, lo sugiere la intuición y lo confirma la investigación empírica. Pero la relación no es lineal y también rondan a las decisiones un conjunto de factores ligados a la psicología, todo lo cual revela la complejidad del asunto, por lo que no deja de ser ridícula la pretensión de aquellos programas electorales que ofrecen soluciones de pócima mágica.

Lo que sí se puede deducir del estado del conocimiento, es que la política monetaria expansionista ha jugado un papel positivo, aun sabiendo que su impacto sobre la inversión empresarial es indirecto, al actuar sobre la restauración de la confianza, la reducción de las tensiones financieras y la disminución de la incertidumbre. No toda la profesión estará de acuerdo con esta tesis, pero no quiero ni pensar en lo que hubiera sucedido en nuestras sociedades con medidas hiperortodoxas.

¿Y qué decir de la inversión pública, que para unos es decisiva, para otros poco menos que el diablo, pero, en cualquier caso, imprescindible? Aumentarla significa, más allá de ofrecer varios bienes públicos indispensables, chutar en cierta medida la economía, con dos efectos en el corto plazo: uno, ligado a la construcción o elaboración de bienes o servicios, otro, cuando ya están operativos, pues se produce un efecto positivo de oferta. El stock de capital ha aumentado, lo que provoca la mayor productividad del capital privado, que a su vez ayuda a la persistencia del efecto en el medio y largo plazo. Esto me trae a la memoria el plan Juncker, que compartía esta filosofía, pero estaba mal dimensionado y llegaba muy tarde. Una muestra más de la falta de agilidad de la gobernanza de Bruselas, que emana de una arquitectura institucional y de un proceso de toma de decisiones claramente inadaptados para la era de inestabilidad inaugurada en torno al 2008.

Ahora bien, existe una evidencia preocupante para la inversión pública, que puede ser tan discrecional como mal pensada o persiguiendo objetivos redundantes o claramente innecesarios: una deuda muy elevada, con riesgo, por tanto, de problemas en los mercados. Una primera medida muy recomendable, pero casi nunca adoptada, es revisar sistemáticamente los gastos corrientes presupuestarios, en donde anidan grandes ineficiencias, y que podrían estar relacionados con malos diseños de los servicios públicos. Se liberarían así recursos para la inversión. Pero más allá de eso, la inversión pública en España ha de ser cuidadosa, habida cuenta nuestro apalancamiento, resultado tanto de rescates financieros como de la acción de los estabilizadores automáticos.

Política de luces largas

Un lugar común de las políticas fiscales durante las crisis es ajustarse por la variable inversión, huérfana de lobbies, exceptuando la construcción de obra pública. Otro muy socorrido es el de aumentar el gasto corriente en época electoral, como estamos viendo. Pero una política económica de luces largas debe usar estratégicamente la inversión pública, porque un gasto muy reducido en esa rúbrica no es sin consecuencias para las generaciones futuras. Por ello, quizá sería oportuno que Europa redefiniese el criterio de deuda, para adaptarlo a algo así como deuda de crecimiento, porque ahora está todo mezclado, lo cual no es lógico. Movilidad, conectividad, transición energética, entre otros, he ahí objetivos en los que la inversión pública prestará un gran servicio a la economía del país, cebando la bomba de la inversión privada y, así, activando un crecimiento más potente que traería ingresos fiscales que, bien gestionados, facilitarían el alivio del déficit.

Un buen ensamblaje inversor entre el sector público y el privado es un camino virtuoso para la competitividad. Seleccionar mejor los proyectos, progresar en la eficiencia de los mercados públicos, todo ello en consonancia con la delicada situación de las finanzas del Estado, priorizar la inversión cuando se produzcan economías externas relevantes y, finalmente, pero no menos importante, alejar la corrupción, muy proclive a beneficiarse de la laxitud en los controles.

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