Según los expertos, no hay dinero ni recursos para llevar a cabo la medida planteada por el Gobierno de Alemania, una iniciativa que sería además ineficiente en la lucha contra la contaminación
24 feb 2019 . Actualizado a las 05:14 h.El pasado mes de agosto, la Justicia de una región alemana condenó a cuatro meses de prisión a una madre a la que habían pillado por séptima vez en el tranvía sin billete. Noticias como estas no son raras en la primera potencia europea, que cuenta con una red de transporte cara y una economía muy dependiente de la industria automotriz. Tras recibir varios toques de atención de Bruselas por la mala calidad del aire y el escándalo bautizado como dieselgate, que salió a la luz en el 2015, el Gobierno de Angela Merkel se ha planteado abiertamente la posibilidad de introducir el transporte público gratuito.
«Para reducir el número de conductores privados y combatir eficazmente la contaminación». Así reza la carta que tres ministros germanos, incluida la de Medio Ambiente, enviaron a la Comisión Europea a principios del 2018, y en la que anunciaban la puesta en marcha de un proyecto piloto en cinco ciudades del oeste del país: Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim y Herrenberg. Sin embargo, las localidades no tardaron en reaccionar con escepticismo a los planes del Ejecutivo de la gran coalición, y se negaron a hacer de conejillos de indias de una iniciativa que no ven sostenible a largo plazo.
«Esperamos una declaración clara del Gobierno federal sobre cómo se va a subvencionar el transporte gratuito», dijo la Asociación Alemana de Ciudades, según la cual los municipios y comunas ingresan cada año 12.000 millones de euros gracias a la venta de billetes. Con ello financian los trenes, autobuses y tranvías, aunque también buena parte de los salarios de los conductores. Prescindir de estos ingresos les generaría un agujero que por ahora nadie sabe cómo tapar y que al final repercutiría en el bolsillo del contribuyente, en un momento delicado en el que la economía germana muestra síntomas de debilidad.
Pero además existe otro problema. Si se implantara el transporte gratuito, aumentaría considerablemente la cifra de pasajeros. Ello implicaría tener que preparar más vehículos, más rutas y más personal. Sobre todo en las urbes que están de por sí saturadas y cuya población no deja de crecer, como Berlín. «Es muy ingenuo pensar que la gente dejará su coche en casa y usará medios públicos, con trenes a rebosar y autobuses que llegan siempre tarde», sostiene Barbara Lenz, directora del Instituto de Investigaciones de Transporte, dependiente del Centro Aeroespacial.
Los expertos coinciden en que se tardaría años en ampliar el sistema y adecuarlo a las necesidades de las grandes ciudades. Hasta entonces, los coches no habrían desaparecido de las carreteras, y Alemania habría incumplido los objetivos medioambientales de la UE en repetidas ocasiones. Muchos critican al Ejecutivo por la falta de un concepto global y querer salir del paso de cualquier manera, ofreciéndole a Bruselas un proyecto que tachan de inviable.
Experiencias previas
No obstante, existen algunos precedentes que han surtido efecto. Por ejemplo en la pequeña localidad de Templin, de 16.000 habitantes y situada en el estado federado de Brandenburgo, de 1997 al 2002 usar los autobuses era gratis. Entretanto, el número de viajeros se ha multiplicado por quince y hoy se mantiene constante, pese a que el abono anual apenas cuesta 44 euros. O la ciudad universitaria de Tubinga, en la sureña región de Baden-Wurtemberg, donde desde febrero del 2018 los sábados no hace falta pagar. Eso sí, incluso aquí el alcalde, el ecologista Boris Palmer, ha rechazado la idea de una red completamente gratuita.
En su lugar, propone elevar la partida presupuestaria destinada al transporte público y diseñar mejores ofertas tanto para peatones como para ciclistas. Entretanto, el activista berlinés Heinrich Strößenreuther inició una campaña en Internet para pedir al Gobierno que siga el ejemplo de Viena, lanzando en todo el país un abono anual de 365 euros. Para financiarlo, sugiere eliminar las subvenciones fiscales a los vehículos diésel.