Después de varios años de desgaste del proyecto europeo, al fin parece que cobra fuerza la idea de reformar en profundidad algunas de sus estructuras, atendiendo sobre todo a corregir los grandes fallos de su construcción que la crisis reciente puso dramáticamente de manifiesto. Sobre todo dos: una estructura de gobernanza altamente disfuncional y la carencia de política social. No es difícil detectar en esto último una de las causas principales del alejamiento de la idea de integración europea por parte de amplios sectores que en los últimos años solo han visto en Europa a un ogro empeñado en dañar su nivel de vida. Por eso mismo reconforta leer que en la reciente cumbre de Gotemburgo los líderes europeos han estado de acuerdo en proponer el impulso de la inclusión social, «salarios justos», o avanzar hacia un seguro de desempleo común. Claro que de momento se trata de meras recomendaciones pero, al menos como síntoma de cambio, es muy positivo.
Pero es respecto a la corrección de los graves fallos de gobernanza donde los poderes de la UE se están alejando más rápidamente de sus antiguas posiciones, de cara a corregir los problemas de segmentación fiscal, o la ausencia de mecanismos para afrontar shocks asimétricos, intensas tormentas financieras o episodios de inestabilidad fiscal, así como para resolver crisis soberanas. Varios de esos fallos trataron de ser atajados, a partir de la Gran Recesión, con ciertas reformas o creando algunas estructuras nuevas, como el Mecanismo de Estabilización Financiera (MEDE), o los pasos dados hacia una Unión Bancaria que aún dista mucho de estar completa. Aunque en la línea correcta, esos progresos se han mostrado como insuficientes para hacer frente a la gravedad de los problemas europeos y todo indica que también de cara a los retos del futuro. Por eso desde hace varios años se está estudiando, tanto en el ámbito político como en foros académicos, la necesidad de dotar a la UEM de nuevos organismos de decisión que afronten de una vez las tareas antes mencionadas. Por poner un ejemplo, el Instituto Bruegel, importante think tank radicado en Bruselas, ha realizado varias aportaciones muy interesantes en ese campo.
Las dos propuestas reformistas que reúnen más consenso son la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME) que sustituya al MEDE, y el nombramiento de un verdadero superministro de Economía, con poderes mucho más amplios y decisivos que los que actualmente tienen el llamado Eurogrupo o el comisario de la UE. En relación con estas dos cuestiones, parece haberse formado un eje de avance reformista entre el muy europeísta presidente francés y la presidencia de la Comisión, quien al fin parece haber entendido el mensaje de «no más políticas estúpidas» como la austeridad generalizada (palabras de J. C. Juncker). Frente a ello, el Gobierno alemán siempre ha ejercido de freno, aunque en los últimos meses al fin parece alejarse de la defensa del statu quo (aunque sí se mantenga en sus viejas posiciones en lo que respecta a cualquier sugerencia de mancomunar la deuda, por razonables que estas sean).
Entre las propuestas para el funcionamiento del FME que parece asumir plenamente la Comisión está la de dotarla de un cuantioso fondo con el que afrontar futuras crisis asimétricas, asegurando una función estabilizadora real, y no meramente retórica, cuando regresen las perturbaciones. Así no serían necesarias las operaciones de salvamente al filo del abismo. Indicios, por tanto, interesantes: viniendo de donde venimos no es poca cosa.