No somos Suecia


Hubo un país que en su día fue pobre, en donde ocho de cada diez habitantes malvivían de su tierra. Como Galicia. Un país que no tenía otra cosa que sus bosques y sus tierras. Como Galicia. Hace ciento setenta años decidieron alterar las reglas de juego de su suelo rural; con ello ayudaron a crear una fuerte burguesía autóctona, los denominados barones forestales. Esta nueva estructura social transformó el bosque en una industria. En 1906, hace más de un siglo, las fuerzas políticas, en consenso, regularon la actividad forestal, para, por un lado, evitar la voracidad de alguno de esos barones, ya convertidos en gigantes y, por otro, que la mayoría de los suecos pudieran beneficiarse de su sector tractor.

Hoy, una hectárea de suelo rústico en el sur de Suecia tiene, según un estudio de la Swedish University of Agricultural Sciences, un precio de unas 90.000 coronas, es decir, unos diez mil euros, cantidad similar a la de una parte del rústico gallego, pero con una diferencia. Allí, cuando lo transforman en bosque, son capaces de extraerle una rentabilidad media anual del 7 %. Aquí, esa cifra nos sorprende y con razón, pero sus bosques no son como la mayoría de los nuestros. Otra gestión y otras especies. Ciento once años de ventaja nos llevan estos suecos. Así que toca empezar a reducir la ventaja, ¿no cree? Muchas lecciones aprendidas que debemos incorporar. La primera, la necesidad de consenso político y no porque el Partido Popular no goce del respaldo social suficiente. Otros, con menos, y jaleados desde Galicia, se sentían con legitimidad democrática como para romper España. Y digo consenso porque los acuerdos deben ser respetados y comprendidos por la inmensa mayoría. Se trata de generar un pacto social, una nueva verdad, que una vez instaurada sea tan poderosa que nadie se acuerde de quien la defendió y la promovió.

De las treinta medidas presentadas por el presidente Feijoo hay una, bajo la óptica económica, que es piedra angular del resto, el polígono forestal, y otra, que no figura explícitamente, pero que es igual de relevante y que debemos introducir en el debate político: la certificación forestal.

Que nuestros montes produzcan madera certificada solo tiene un significado. Asegurarle al consumidor que está comprando productos de bosques gestionados sosteniblemente. Y este significado, fácil de entender para un ecologista, tiene una derivada económica, y es expulsar del bosque a aquel que lo maltrata, que lo abandona, que crea la maleza sobre la cual se extienden nuestros incendios. Y alguno dirá, si lo maté es porque era mío. Muy bien, que así sea, pero el día que sea capaz de dominar el fuego. Mientras tanto, sus derechos han de estar en maridaje con los intereses colectivos.

Tengamos bosques sostenibles y tendremos otra Galicia. En Suecia, el 95 % pasan la auditoría externa de sostenibilidad. ¿Aquí? No pregunte. ¿Allí? Lo ven como un diferencial positivo, como un motor de crecimiento. Aquí, más de uno lo verá como amenaza. Mucho hemos de cambiar.

Estas dos medidas unidas, polígonos forestales y bosques sostenibles, deberían generar nuestros barones forestales, es decir, una clase empresarial de carácter rural, sólida, amplia, capitalizada y con capacidad para desarrollar crecimiento endógeno. Tiene que ser así. No cabe otra. Todos los países que han cambiado con éxito su destino económico lo han hecho de la mano de una clase empresarial autóctona. ¿La tiene nuestro rural? No conteste.

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