Un pormenorizado análisis de los recortes realizados durante los años más críticos de la crisis confirman que servicios públicos prestaciones sociales y dotación de infraestructuras se llevaron los mayores tijeretazos. Pensiones, deuda y energía acapararon las mayores partidas de gasto
20 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso de consolidación fiscal iniciado en España en el 2009 ha supuesto una intensa caída del gasto público: en el 2014 las administraciones públicas gestionaron 30.824 millones de euros menos que en ese año. Esta sería, por lo tanto, la primera cuantificación de los recortes: el gasto consolidado total cayó en tres puntos del PIB. Sin embargo, esta cifra infravalora la dureza del ajuste porque hay un número muy reducido de partidas de gasto que crecieron mucho provocando una distorsión de la realidad.
En concreto, las pensiones, el pago de intereses de la deuda y el gasto energético aumentaron en 47.824 millones entre 2009 y 2014. Al margen de estas tres partidas, en el resto del gasto público el recorte fue de 78.164 millones de euros. Y esta es la cifra que mejor refleja el retroceso que han sufrido los servicios públicos, la protección social o la dotación de infraestructuras físicas, sociales o tecnológicas.
Esos 78.000 millones equivalen a casi 8 puntos del PIB y este recorte se repetiría en cada ejercicio. Expresado en cifras relativas, el ajuste fue del 21 % en términos nominales y del 30 % en términos reales, al tener en cuenta la inflación acumulada en ese período.
Los dos capítulos que soportan los mayores ajustes fueron, la inversión y la remuneración de los empleados públicos. En los denominados gastos de capital se produce una caída de 40.569 millones de euros.
Dentro del apartado de inversión están las destinadas a infraestructuras, a dotaciones en los servicios públicos y a I+D. Las infraestructuras del transporte y comunicación se redujeron en cerca de 13.000 millones de euros, la inversión en vivienda en 4.400 millones; en sanidad y educación se perdieron 4.500 millones; y en políticas sectoriales el retroceso fue de 4.600 millones de euros. Por su parte, en I+D la caída fue de 971 millones de euros; una cifra a la que hay que añadir la sectorializada, como la realizada en asuntos económicos, que pierde 730 millones de euros; en medioambiental, otros 113 millones; 235, en salud y otras cifras menores que en conjunto elevan el recorte en el gasto en I+D hasta un total de 2.294 millones de euros.
Por su parte, la remuneración de los empleados públicos retrocede en 10.626 millones de euros, un 8,5 % nominal y en 17 % en términos reales. Esta caída de la masa salarial se debe a dos factores: la devaluación salarial y al menor número de personas trabajando en el sector público.
La devaluación salarial ha tenido fórmulas diferentes como la reducción del 5 % en las nóminas impuestas en el 2010, seguida de su congelación hasta el 2014. Por otro lado, entre julio del 2009 y julio del 2014 el personal empleado por las diferentes Administraciones Públicas se redujo en 136.183 personas, esto es, el 5,1 % de los que había cinco años antes.
El análisis funcional del gasto permite conocer su evolución y se puede agrupar en tres grandes áreas: los servicios públicos básicos, las prestaciones de la protección social y las políticas sociales. En el primer grupo se produce un grave retroceso en la dotación de los dos grandes servicios públicos que configuran el núcleo del estado del bienestar: en salud y en educación sumados en el 2014 se han gastado 18.400 millones de euros menos que en el 2009.
En concreto, el gasto sanitario se ha reducido en 9.600 millones de euros, una cifra equivalente al -13,2 % nominal y por lo tanto al -22 % en términos reales: se han dejado de gastar más de uno de cada cuatro euros de los disponibles en el 2009. Un recorte que afecta de forma especial al personal sanitario porque su remuneración se reduce en 3.244 millones de euros y la inversión, que cae en 2.144 millones de euros. De forma complementaria hay un menor gasto en los servicios prestados por el sector privado, esto es el gasto en medicamentos en farmacias y en conciertos con hospitales privados, que se constriñe en 3.402 millones de euros.
Por su parte, el gasto educativo sufre una amputación de 7.394 millones de euros, equivalente al 14,9 % nominal y al 23,7 % en valores reales. En educación se ha dejado de gastar casi 1 de cada 4 euros desde que empezó el ajuste. Aquí también son los empleados públicos los que sufren con mayor dureza las restricciones de gasto porque la remuneración de los asalariados pierde 3.705 millones de euros. En educación se sigue el patrón general del ajuste y, después de los salarios, es la inversión la segunda variable con mayor retroceso, 2.235 millones de euros menos, lo que equivale a un desplome del 70 % en términos reales. La especificad más relevantes del ajuste en el gasto educativo es que apenas ha afectado al sector privado: los conciertos con los colegios privados apenas han caído el -1,2 % en este período en el que la enseñanza pública ha sufrido intensos recortes.
En la categoría de la protección social hay una evolución muy diferente entre las distintas prestaciones. Las pensiones de jubilación se incrementan en más de 20.000 millones de euros y las de supervivientes -viudez y enfermedad- lo hacen en 3.345 millones de euros, una cifra acumulada de 23.577 millones de euros. Este incremento se debe a la lógica del sistema de protección y a la evolución demográfica: cada vez hay más pensionistas porque se alarga la esperanza da vida y la cuantía de la pensión aumenta porque la de los que entran son superiores a la de los que salen.
Este incremento se contrapone al recorte en el resto de servicios que componen el grupo de la protección social. En cifras absolutas la prestación que más se reduce es la protección por desempleo: del 2009 al 2014, el gasto ha disminuido en 7.231 millones de euros, el equivalente a una caída del 30 %. Hay menos desempleados con protección y cada vez cobran prestaciones más bajas, lo que se traduce en esa caída tan intensa de los recursos.
Merma también el gasto en enfermedad e incapacidad laboral en algo más de 1.000 millones de euros. Más preocupante es el retroceso de dinero en apoyo a las familias y a la infancia. Los recursos destinados a la política familiar se desploman: caen en 2.692 millones de euros, un 40 % de la cifra del 2009.
Y todavía es peor lo que sucede con la política social de vivienda donde los recursos públicos se han restringido en 633 millones de euros, el 70 % de la cifra disponible en el 2009.
Dejamos para el final las funciones de gasto sobre las actividades económicas y de los servicios generales. En inversión en infraestructuras del transporte que caen en 10.789 millones de euros, convirtiéndose en la partida que más retrocede en cifras absolutas en el conjunto del gasto público.
Las políticas sectoriales se reducen en 6.261 millones de euros, hasta ser testimoniales en la práctica. En abierta contradicción con estos recortes resulta más que sorprendente el incremento de la subfunción de combustible y energía: las subvenciones y los pagos compensatorios al sector energético se disparó el 469 %, esto es, se multiplicó casi por cinco veces hasta alcanzar casi los 6.000 millones de euros.
En la función servicios generales, la variable clave es el enorme incremento del pago de los intereses de la deuda, porque aumentaron en 18.206 millones en el 2014 en comparación con el 2009, más del 100 % y que representa hasta casi el 4 % del PIB.
En resumen, el proceso de consolidación fiscal se ha transformado en menos gasto pero también en redistribución del gasto: en 2014 nos gastamos 31.000 millones menos que en 2009 pero como se han destinado 25.000 millones más a pensiones, 18.000 millones más al pago de intereses de la deuda y 5.000 millones más en gasto energético se han tenido que reducir 77.000 millones en prestaciones por desempleo, sanidad, educación, cultura, políticas sectoriales, vivienda, medioambiente, I+D, etc.