La Policía presentó 14 atestados para que sean instruidos como delito
06 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Un mes y cinco días después de entrar en vigor la reforma del Código Penal que tipifica como delito, y no como falta administrativa -así fue hasta el 1 de julio- la práctica del furtivismo, los juzgados de Ribeira recibieron ayer la primera oleada de atestados policiales para que sean instruidos. Se trata de 14 expedientes, cursados por la Policía Autonómica, que fueron tramitados a lo largo de julio. En ese tiempo, estos agentes adscritos a la Xunta realizaron, solo en el municipio de Boiro -una de las zonas gallegas más conflictivas por esta lacra y que pertenece al partido judicial de Ribeira-, 147 denuncias en 31 operativos, uno por día.
A medida que los expedientes se fueron cursando, los funcionarios comprobaban que algunos de los mariscadores ilegales denunciados acumularon infracciones en julio que los hacen caer una situación de reincidencia. Es precisamente este término, reincidencia, el que aparece recogido en el Código Penal como el detonante que hará que la Justicia califique como delito, y no como falta administrativa, esta práctica ilegal.
Cada de uno de los furtivos propuestos para ser imputados acumulan una media de cuatro denuncias en julio, aunque cabe decir que, antes del día 1 de ese mes, ya coleccionaban denuncias por los mismos motivos, aunque estas no se computan al ser anteriores a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal.
Boiro, triste epicentro
Barbanza sigue liderando el ránking gallego de número de expedientes tramitados desde que se aplica el nuevo escenario judicial. Además de las 147 denuncias cursadas en Boiro, concretamente en las concesiones de la cofradía de Cabo de Cruz, la Policía Autonómica tramitó otras 67 en las concesiones del pósito de Rianxo. Este municipio, también barbanzano, pertenece al partido judicial de Padrón, y los agentes encargados de tramitar los expedientes prosiguen su análisis para saber si pueden presentar otros atestados iguales a los de Ribeira en los juzgados de Iria Flavia.
Además de los casos registrados en Barbanza hay que mencionar otro Ferrol, por almeja, y uno más en A Coruña, por percebe, de los que todavía no ha trascendido su situación actual.
De seis meses a dos años de cárcel
La reforma llevada a cabo para hacer frente a un lacra tan arraigada, como lucrativa y nociva para el sector, implica, según el artículo 335, una pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de dos a cinco. Se impondrá también la pena en su mitad superior cuando se realice en grupos de tres o más personas.