El pasado año la Axencia de Legalidade Urbanística derribó 13 construcciones ilegales como la de Becerreá
20 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La situación que vive desde este lunes José Luis Díaz, el vecino de la aldea de Lamas, en Becerreá, la pueden entender perfectamente una media de doce lucenses que cada año ven como sus edificios son derribados por la pala de la Axencia da Legalidade Urbanística de la Xunta. En la gran mayoría de los casos, se trata de procesos largos en el tiempo, que como en el caso de Lamas comenzó en el 2001 y llegó hasta el 2013.
Por el medio se suceden una serie de expedientes, informes, multas coercitivas, sentencias de los tribunales... desde un punto de vista administrativo; pero desde la postura personal, hay cientos de horas de malos sueños, visitas y lamentaciones ante las administraciones, dramas familiares, paseos por despachos de abogados y problemas vecinales.
Un alto porcentaje de los casos que analiza la agencia de la Xunta parten de las denuncias de vecinos. Las rencillas vecinales se hacen patentes en este tipo de casos. Los responsables municipales hicieron durante años la vista gorda a numerosas construcciones rurales, pero siempre advirtiendo de los peligros que tenían los propietarios de los edificios ilegales.
Una vez que comienza un expediente que acaba en infracción de muy grave salen a relucir entre los afectados las frases de «a min dixéronme que tirara para adiante, que non había problema», «¿por qué me toca a min e non a outros?», «tocoume a min»... Buena parte de los afectados levantan edificios en terrenos heredados por sus padres para tener una segunda vivienda, mejor que la primera, y con la esperanza de que con el paso de los años se pueda legalizar lo que inicialmente es irregular. A algunos les cuela, a otros, para su desgracia, la justicia cae sobre sus ladrillos.