El Concello sarriano pretende implantar una ordenanza que exigirá pagar por ese trámite
06 sep 2012 . Actualizado a las 20:37 h.Denunciar en el Concello de Sarria situaciones como una construcción ilegal, el cierre de un camino público por parte de un particular o el excesivo ruido en algún establecimiento, por ejemplo, le costará a la persona denunciante cien euros si prospera la modificación de una ordenanza que está tramitando el organismo municipal, tras la aprobación inicial en un pleno reciente. El cambio consiste en la incorporación de un nuevo apartado en la ordenanza que regula la tasa por expedición de documentos administrativos, que establece la «tramitación de expedientes de denuncia iniciada a instancia de parte, 100 euros».
A este nuevo pago se oponen los socialistas, que presentaron alegaciones. Su portavoz, Claudio Garrido, se mostró convencido de que el principal objetivo de los responsables municipales no es financiar los costes de tramitación, ni siquiera recaudar, sino que pretende dificultar y disuadir a los ciudadanos para que no denuncien casos.
Garrido Martínez calificó de insólita esa tasa y dijo que no existe constancia de su implantación en otros concellos. Uno de los argumentos fundamentales del recurso es que, precisamente, los denunciantes de posibles situaciones anómalas suplen las carencias o deficiencias de una función que corresponde al organismo local y a sus mecanismos de control. «En todos los asuntos y temas que afectan a la normativa, ordenanzas y reglamentos municipales es el Concello o el alcalde el responsable del control, de la vigilancia y de la inspección», dice el portavoz socialista.
Garrido entiende que la notificación de ilegalidades es un deber indiscutible de los ciudadanos, que debe ser facilitado por las administraciones en lugar de disuadirlos y dificultarles el trabajo, como considera que trata de hacer el Concello imponiendo un pago de 100 euros. «Cuando los ciudadanos denuncian algún incumplimiento o alguna ilegalidad, lo hacen porque la Administración municipal o el alcalde, que son los que tienen la competencia del control, vigilancia e inspección, o no lo hicieron o lo han consentido. Es la ciudadanía -matiza el portavoz del PSOE- la que, en el ejercicio de la acción pública, mediante la denuncia o comunicación a las autoridades, evita la comisión de ilegalidades o incumplimientos de las leyes y normas municipales».
El socialista incidió en que en el pleno salió adelante con los votos del PP, que tampoco facilitó información detallada. Ahora reclama que quede sin efecto esa aprobación.