El fiscal jefe de Lugo anunció ayer, durante la presentación de la memoria anual de su departamento, correspondiente al año pasado, que solicitó determinadas pruebas no realizadas en relación con la denominada operación Muralla, llevada a cabo hace casi dos años en la Diputación Provincial. El asunto, llevado a cabo por el anterior fiscal, Jesús Izaguirre, había alcanzado una gran repercusión mediática, aunque judicialmente el caso parece evolucionar a ralentí.
Jacinto Fernández Villalvilla en relación a la empresa Setramur, que colocaba señales en las vías provinciales y que supuestamente tenía como responsables de la misma a un funcionario provincial, dijo que había instado la realización «de determinadas pruebas no efectuadas y que se estiman relevantes». Añadió que estaba a la espera de recibir las mismas.
En cuanto al asunto de la empresa Senén Prieto, que presuntamente hacía proyectos para el organismo provincial, el fiscal anunció que iba a solicitar nuevas diligencias porque algunas de las solicitadas no habían sido completadas.
Cuando Fernández Villalvilla fue preguntado sobre la posibilidad de que el asunto, después de la compleja investigación llevada a cabo por el fiscal y un inspector de policía, acabase en algún almacén o cajón a la espera de que pudiera prescribir, dijo: «Estoy seguro de que eso no se va a producir, independientemente de que no se sabe cuál es el resultado de la investigación».
El fiscal dejó claro que no era la fiscalía lucense la que se ocupaba de la instrucción del caso, desglosado en dos asuntos, sino el juzgado. Villalvilla recordó que es preciso completar la investigación hasta donde sea preciso y advirtió de que el caso no iba a ser abandonado por parte de la fiscalía.
Según la memoria, el Ministerio Público también se ocupa de unas diligencias por presunta malversación de caudales públicas en Viveiro, «habiéndose denunciado por su presunta irregularidad, el pago de diversas partidas». Añade que se interesó la incorporación a la causa de determinada documentación «que recientemente ha sido aportada, estándose pendiente de su valoración».
También está en trámite un presunto delito de malversación en la adquisición por el Concello de Viveiro de un pazo a unos particulares. Al respecto, la fiscalía solicitó un informe pericial que está pendiente de su realización. La fiscalía tiene abierto otro asunto por el mismo delito en relación con la actividad náutica de la Diputación.