?l grupo provincial socialista, a través de su portavoz Manuel Martínez Núñez, solicitó a la Presidencia de la Diputación de Lugo la consulta de 104 expedientes entre los meses de marzo y mayo de 2002. Esta demanda no fue respondida hasta junio de este año. Algunos de los expedientes solicitados hacían referencia a órdenes de pago de dietas y kilometraje de los representantes del PP. Según Martínez Núñez, la ley establece que la respuesta debe publicarse en un plazo de cinco días. Si en este plazo no se recibiera respuesta, los solicitantes deberían entender que la demanda fue aceptada. La contestación de la presidencia se hizo pública el 27 de junio de 2003, un año después de que se iniciara el procedimiento. Desde el PSOE señalan que con esta actitud se ha quebrantado la legislación. La Diputación, en esta respuesta, deniega la consulta de 17 de los 104 expedientes solicitados. Entre estos documentos se encuentran los que hacen referencia a los datos de los ingresos percibidos por los diputados populares. En la resolución de la Presidencia se alega que la demanda se rechaza porque la solicitud de estos expedientes no está justificada. Se señala además que la necesidad de esta justificación es un requisito indispensable en estos casos, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por otro lado, se argumenta que en estos documentos aparecen datos personales de los diputados que se consideran «datos protegidos». Según la Diputación, de hacerse públicos estos datos, se podría alterar el funcionamiento interno de la institución. Desde el grupo socialista afirman que la información solicitada el año pasado debería ser pública y denuncian que no es la primera vez que se aplaza la contestación de una solicitud de este tipo. Estos acontecimientos se producen en un momento en el que continúa abierto el procedimiento por el que la Fiscalía de Lugo investiga el presunto cobro irregular de dietas por parte del ex alcalde de Ribadeo, José Carlos Rodríguez Andina. Según Manuel Martínez Núñez, los servicios jurídicos del grupo socialista están estudiando la puesta en marcha de un nuevo procedimiento judicial por el que se aclaren las causas de la tardanza en la respuesta.