Milei logra los apoyos suficientes para aprobar su reforma laboral en el Senado

c. valdez B. AIRES / E. LA VOZ

INTERNACIONAL

Manifestantes con banderas durante la manifestación contra la reforma laboral que promueve el Gobierno de Javier Milei en Argentina
Manifestantes con banderas durante la manifestación contra la reforma laboral que promueve el Gobierno de Javier Milei en Argentina JUAN IGNACIO RONCORONI | EFE

En las calles de Buenos Aires se registraron protestas contra la norma, que salió adelante con 42 apoyos, 30 votos negativos y ninguna abstención

12 feb 2026 . Actualizado a las 09:11 h.

Tras dos meses de intensas negociaciones, y después de numerosos cambios respecto a la propuesta original, el Gobierno de Javier Milei logró los votos necesarios para aprobar en el Senado argentino la Ley de Modernización Laboral. Mientras la Cámara Alta discutía el proyecto, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos se movilizaron a las puertas del recinto para protestar contra la reforma. La denominada Ley de Modernización Laboral ha salido adelante con 42 apoyos, 30 votos negativos y ninguna abstención, mientras en la calle hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y algunos detenidos.

Si bien Milei había asegurado que no cambiaría ni una coma del texto presentado, finalmente la senadora libertaria Patricia Bullrich, que fue una de las caras más visibles de las negociaciones, lo convenció para que accediera a algunas modificaciones para lograr los apoyos necesarios. Según el Ejecutivo, lo que se busca es «modernizar» las reglas estructurales del derecho del trabajo, y reducir la litigiosidad y la informalidad laboral.

El texto final se conoció minutos antes del comienzo de la sesión: «Tiene 28 modificaciones consensuadas», detalló Bullrich sobre los entendimientos alcanzados con las diferentes fuerzas. Entre los cambios más celebrados por los gobernadores y los bloques aliados, estuvo la decisión de eliminar un artículo que implicaba una rebaja de impuestos que comprometía la recaudación de las provincias. También hubo cambios en relación al financiamiento del fondo de indemnizaciones y se dio marcha atrás con la idea del pago de salarios a través de billeteras virtuales en lugar de bancos.

Aunque la principal central sindical argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), decidió no llamar a una huelga general, logró algunas concesiones, y convocó a movilizar con el objetivo de meter mayor presión. «Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja», sostuvo en la convocatoria. Algunos sindicatos de la administración pública y el transporte llamaron a parar sus respectivas actividades.

Con el objetivo de tener aprobada la norma antes de fin de mes, el Gobierno decidió extender el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el próximo 28 de febrero y, de esta manera, también lograr la sanción en Diputados.

Protestas en Buenos Aires contra la reforma laboral
Protestas en Buenos Aires contra la reforma laboral DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

Así es la reforma laboral de Milei: jornadas de 12 horas, despidos más baratos o pagos en especie

Helena Rodríguez

Reformar las reglas del mercado laboral argentino era una de las principales aspiraciones de Javier Milei cuando tomó posesión de la Presidencia del país. Tras catorce horas de debate, el paquete de medidas recibió el visto bueno del Senado y queda pendiente del refrendo de la Cámara de Diputados, algo que se da por hecho. 

La nueva ley comenzó su andadura el pasado diciembre, y desde entonces ha sufrido más de 50 modificaciones. La presión de los bancos logró, por ejemplo, impedir que los sueldos puedan ser acreditados en billeteras virtuales. La presión de algunos partidos que apoyan a Milei también consiguió mantener los aportes que realizan los trabajadores y las empresas a las obras sociales con las que ofrecen servicios de salud. Eso no quita para que la norma recorte drásticamente los derechos laborales o permita que el dinero de la nómina se sustituya por comida o alojamiento, por ejemplo.

Incluye la posibilidad de alargar la jornada laboral a 12 horas, así como medidas que recortan el poder de los sindicatos, limita las protestas y prioriza los acuerdos dentro de cada empresa por encima de los convenios colectivos nacionales. Además, permite que las empresas dejen de pagar las horas extras en moneda para pasar a intercambiarlas en horas o días libres. Los sueldos podrán pagarse en cualquier moneda, especie, comida o alojamiento y se abarata el despido. De hecho, la salida del empleado de la compañía es uno de los puntos especialmente polémicos ya que la norma contempla la creación de un fondo para financiarlas a costa del sistema de jubilaciones.

El proyecto establece que esos convenios, claves para las negociaciones salariales en un país con alta inflación —en 2025 fue del 31,5%— dejarán de estar vigentes si no hay acuerdo para renovarlos. En caso de rechazo contra las políticas gubernamentales, los sindicatos tendrán difícil recurrir a la huelga porque se deberán garantizar servicios mínimos del 75% para aquellos servicios considerados esenciales —salud, educación, transporte, energía y agua— y un 50% para sectores trascendentales como bancos, minería, industria y comercio electrónico.

Entre los cambios contemplados en el proyecto está el abaratamiento de los despidos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y el alivio de las cargas de las empresas con la reducción de aportes y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para financiar las indemnizaciones por despido a costa del sistema de jubilaciones. «Es un escándalo», clamó el senador peronista Mariano Recalde durante su intervención. Es, a grandes rasgos, un sistema de capitalización obligatoria que las empresas financiarán con aportes de entre el 1% y el 2,5% de los salarios que hasta ahora destinaban a la seguridad social argentina. «Pierden los trabajadores porque el despido está subsidiado, es más fácil despedir y pierde la seguridad social y los jubilados porque se desfinancia, la plata va a estas administradoras privadas que la van a timbear (apostar) y que no se va a usar para pagar jubilaciones y pensiones como hasta ahora», criticó Recalde.

Mientras en el Senado se recortaba el derecho a la huelga, con unos servicios mínimos del 75% en actividades esenciales y del 50% en industria, bancos o minería, industria, en el exterior miles de personas se manifestaban. En principio se trató de movilizaciones pacíficas pero los ánimos se fueron caldeando y algunas, como la de Buenos Aires, concluyó con enfrentamientos que dejaron decenas de heridos y detenidos.