El país bate récords de incumplimientos legales e irregularidades en el uso de fondos agrícolas y de cohesión con 97 expedientes abiertos durante el año pasado
07 oct 2019 . Actualizado a las 08:35 h.La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas europeo, la Comisión Europea (CE) o el Tribunal de Justicia de la UE son algunas de las instituciones y organismos que han puesto la lupa sobre España en los últimos años por el flagrante despilfarro de dinero público, el ingente volumen de irregularidades detectadas en el uso de fondos europeos y la desidia de sus políticos a la hora de cumplir con la legislación comunitaria. A pesar de cumplir 33 años en la UE, hay cosas que siguen sin cambiar, y la picaresca española es una de ellas.
El país acumula un rosario de casos investigados, expedientes abiertos y sentencias en firme para sonrojo de los sucesivos Ejecutivos que lograron en el 2018 situar a España en la pole position de los infractores con 97 expedientes abiertos al cierre del año. Le siguen Alemania, con 80, Bélgica con 79 y Grecia con 76. Además es el tercer país que más tarda en cumplir los plazos de Bruselas. Aunque la mayoría de los casos son herencia de otros Ejecutivos, el Gobierno de Sánchez sumó 27 nuevos expedientes en materia de eficiencia energética, seguridad nuclear, servicios de pago o contaminación ambiental.
Una cuenta que no cesa
La cuenta suma y sigue porque nada más empezar el 2019 la CE, cansada de las largas de las autoridades españolas, abrió un procedimiento de infracción sobre la seguridad ferroviaria y la forma en la que se investigan accidentes como el del tren Alvia que descarriló en Angrois en el 2013. En algunos casos se han llegado a dilatar los procedimientos hasta 13 años. Hay investigaciones en marcha, como la de las ayudas financieras a las industrias electrointensivas, que llevan media década en barbecho a la espera de que Madrid enmiende los esquemas vigentes de ayudas.
A la actitud negligente de las autoridades españolas se suma la picaresca de los beneficiarios de fondos de la UE. Según la OLAF, España es con gran diferencia el país donde se han detectado más irregularidades en la gestión de las ayudas para la agricultura y la cohesión. Se han notificado 10.995 casos en el 2018 (22 % del total en la UE), lo que representa el 3,32 % del total de los pagos nacionales. Le siguen de lejos Rumanía (5.563), Polonia (5.103) e Italia (4.117). Aunque a menudo se justifican las cifras asegurando que existe un mayor control que en los países vecinos, lo cierto es que la Justicia española está por debajo de la media europea (36 %) a la hora de imputar delitos relacionados con la malversación o fraude de fondos.
El año pasado tuvo que ser la OLAF la que destapó un escándalo de doble financiación del que se habría beneficiado una gran empresa española para proyectos de investigación de dudosa naturaleza. La compañía bebió de los fondos Torres Quevedo y de los de innovación europeos ocultando ambas fuentes de inyección por un valor de millón y medio de euros, que volverán a las arcas públicas.
A pesar de las estratagemas del Gobierno para extender los plazos y la paciencia de Bruselas, que suele invertir años en persuadir a las autoridades nacionales para evitar escaramuzas, España ha sido llevada seis veces ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el 2018 para rendir cuentas, entre otras cosas, por no adoptar planes para la gestión de las aguas residuales o por no trasponer la Directiva de gestión colectiva de derechos de autor online.
El caso más polémico del 2019 tiene que ver con la contaminación del aire en Madrid y Barcelona. Bastó con que el nuevo equipo de gobierno del PP anunciase el fin de Madrid Central para que Bruselas pidiera amparo al TJUE al entender que se ponía en peligro la vida de miles de personas. El Tribunal de Cuentas europeo también denunció los sobrecostes de hasta 7.633 millones de euros de la alta velocidad española. Líneas deficientes, retrasos y escaso volumen de pasajeros para justificar unas inversiones millonarias utilizadas con fines puramente electoralistas. «La decisión de construir líneas de alta velocidad a menudo se basa en consideraciones políticas», asegura el organismo.
Sentencias ignoradas
En ocasiones, España ha logrado huir de las garras del TJUE sobre la bocina, pero aún arrastra 10 sentencias en firme que ignora de forma persistente, según la UE. El tribunal de Luxemburgo acusó en el 2018 a las autoridades españolas de incumplir sus obligaciones al eludir la transposición de la legislación de protección a los denunciantes anónimos. También la sentenció por discriminar a los pequeños transportistas a los que el Gobierno excluyó del mercado de transporte por carretera al exigirles una flota mínima de vehículos.
El tirón de orejas más sonado se debió a la obstinada indiferencia a la hora de poner en marcha planes de tratamiento de aguas residuales en 17 núcleos urbanos. España no cumplió. Se le impuso una multa de 12 millones de euros y sanciones de 11 millones por cada semestre de incumplimiento.