Un Partido Popular Europeo dividido posibilita la activación del proceso que dejaría a Hungría sin derecho a voto en el Consejo por el autoritarismo de su primer ministro
13 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Víktor Orbán sabía que iba a suceder. «Ya tienen la decisión tomada», espetó a la Eurocámara la tarde del martes. Deslizó, eso sí, que todo obedecía a una suerte de retorcida maniobra orquestada por los comunistas contra los que luchó su país en el pasado. Pero fueron los suyos, los miembros del Partido Popular Europeo (PPE), en el que se integra la formación política que lidera, Fidesz, los que lo hicieron posible. El grupo conservador se rompió en torno a la cuestionada figura del primer ministro húngaro y el melón ha quedado abierto. El hemiciclo de Estrasburgo dio luz verde a la activación del artículo 7; oprimió finalmente el botón legislativo que puede dejar en suspenso el derecho a voto de Hungría en el Consejo Europeo.
¿El motivo? La vulneración de derechos y libertades civiles con medidas tomadas por Budapest que se reflejan en el informe de la eurodiputada holandesa del Grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea, Judith Sargentini, que estaba avalado también por la Comisión Europea. Esa fue la llave que tomaron ayer 448 eurodiputados de los 693 presentes para emitir su voto favorable al proceso sancionador (197 dijeron no y hubo 48 abstenciones).
«Es una pequeña venganza de los políticos afines a la inmigración», dice Budapest El cerco a la libertad de prensa y la enseñanza universitaria, los ejemplos de corrupción política -con licitaciones bajo sospecha en el entorno de la propia familia de Orbán-, menosprecio de la mujer con el desamparo a las víctimas de la violencia machista, y supuestos excesos cometidos por las autoridades de aquel país con solicitantes de asilo y migrantes («Hungría no quiere ser un país de inmigrantes», lo dijo él), son los grandes argumentos que han derivado en una reprobación al húngaro que estaría en la fase más incipiente. Ahora llegaría el proceso de diálogo desde la Eurocámara y la intervención del propio Consejo. El proceso (como sucede con Polonia) es aún incipiente. Toque de atención, sí. Pero notable.
Libertad de voto
Previsible era el sentido del voto entre las filas de los socialdemócratas, izquierda, liberales o verdes. Como lo era también el de la extrema derecha. La incógnita quedaba para los populares de Manfred Weber, que opta a presidir la futura Comisión Europea. Había dado libertad de voto a los suyos y ahí residió una de las claves del gran sí final. El PP español, que había avanzado su intención de abstenerse, también acabó posicionándose de forma dividida: tres eurodiputados se opusieron al castigo a Orbán por su deriva al autoritarismo. El líder magiar, que la víspera se había mostrado desafiante anunciando incluso que no tenía intención de atender el requerimiento de la UE, llegó a asegurar que se estaba «juzgando a un país, a un pueblo con más de 1.000 años de relación con los pueblos cristianos» con el informe Sargentini. Un argumento que adhirió al del respaldo que viene recibiendo en las urnas y, por ende, al intento de Parlamento de deslegitimar a los ciudadanos que le respaldaron -su rédito de votos en los dos últimos comicios está por encima del 50 %-. Un mensaje que ayer fue replicado entre quienes cerraron filas con él. «Esto no es otra cosa que la pequeña venganza de los políticos afines a la migración», dijo en Budapest el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto. «Se estrangula a los húngaros», plantearon desde la órbita ultraconservadora.
Al termino de la votación, Judith Sargentini, agradeció a sus colegas del arco parlamentario, pero principalmente a quienes la secundaron desde los asientos del PPE «haber votado por la protección de la democracia y el Estado de derecho, por encima de su interés en la política del partido».
Contra aquellos que violen los valores de la Unión
El artículo 7 del Tratado de la UE es el mecanismo más radical para sancionar a países que no respetan los valores fundacionales de la Unión. Así está previsto para actuar contra violaciones del Estado de derecho y las libertades democráticas. Como último castigo está retirar al país sancionado su derecho a voto en las decisiones a nivel europeo, pero deberá se acordado por unanimidad por el resto de socios. Es la primera vez que la Eurocámara acepta poner en marcha este proceso, si bien la Comisión Europea ya aprobó en el 2017 aplicar el artículo 7 a Polonia para actuar contra las reformas judiciales de Varsovia.