Cerca de 90 millones de mexicanos tendrán la oportunidad de elegir el próximo domingo al nuevo presidente del país entre los tres finalistas de la campaña electoral más violenta de su historia, en la que han sido asesinados, hasta la fecha, 114 políticos, de los que 43 eran candidatos y precandidatos y los otros 71, dirigentes de distintos partidos con cargos en alcaldías o legislaturas
24 jun 2018 . Actualizado a las 16:53 h.En el México sangriento que nada tiene que ver con el México lindo que catan en los corridos, los sicarios profesionales del crimen organizado no solo matan a políticos y a familiares o allegados. El pasado mes de mayo, el más violento de la historia del país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se registraron 2.890 víctimas de homicidio en 31 días, lo que equivale a 93 asesinatos por día.
Esta escalofriante cifra crece de mes a mes,ya que en enero se contabilizaron 2.550 víctimas. El año pasado se cerró con un saldo de 25.339 homicidios, una cifra paradójicamente inferior a la de Venezuela que acabó el año con 26.616 (1.277 más), con una población que es menos de la mitad de la de México.
¿Qué recetas ofrecen los tres aspirantes a la presidencia mejor situados en las encuestas para detener y acabar esta barbarie? Un reciente y exhaustivo análisis sobre las mismas y su previsible grado de efectividad publicado la pasada semana por Patrick Corcoran en el portal digital InSight Crime no suscita optimismo sino más bien todo lo contrario.
Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), más conocido como AMLO, exalcalde de la Ciudad de México, que es el favorito en todas las encuestas, muy crítico de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, repite hasta la saciedad que si gana el domingo, apostará por la ruptura con las políticas previas.
Su propuesta de otorgar algún tipo de amnistía a los miembros de los grupos criminales ha dejado perplejo a más de uno y viene recibiendo duras críticas de sus contrincantes políticos. Ello a pesar de que se apresuró a aclarar que la amnistía no beneficiaría a los capos más violentos sino a los infractores menores cuya falta de oportunidades los ha llevado a involucrarse en actividades criminales.
AMLO también propugna la eliminación gradual de la participación del ejército en asuntos de seguridad interna y la inclusión de la rehabilitación como parte de las penas de prisión, con el fin de preparar mejor a los reclusos para su reinserción en la sociedad y reducir las reincidencias.
De llevar a la práctica, esta propuesta abordaría un importante generador de inseguridad en México: el caótico sistema penitenciario, que viola sistemáticamente los derechos humanos, suele servir de base para las operaciones criminales, y a menudo encauza a los convictos hacia otras actividades delictivas.
Los analistas ven en estas propuestas un cambio de retórica pero advierten que su eficacia está a expensas de un montón de detalles en su aplicación concreta. Su ejecución demanda ineludiblemente una profunda reorganización de muchas instituciones, lo que provocaría una auténtica revolución de la burocracia de la seguridad a nivel federal.
Ricardo Anaya Cortés, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), que se ubica en el segundo lugar de las encuestas, fue presidente del PAN, y a nivel interno fue un feroz rival del expresidente Felipe Calderón. Por ello se da por supuesto que se distanciará de sus políticas en materia de seguridad. Unas políticas que, a la vista de los resultados, han contribuido más a agravar el problema que a resolverlo.
Anaya, hasta ahora, según los analistas, se ha limitado a publicar un compendio de compromisos frente al tema de seguridad, «una verdadera lista -dicen- de cosas obvias, sin ninguna prioridad clara y sin considerar los recursos que necesarios para implementar dichas propuestas».Entre ellas se destaca la de reforzar la capacidad de los magistrados investigadores, pero no alude a los medios para llevarla a cabo.
También merecen una valoración positiva sus propuestas tendentes a profesionalizar a la policía y mejorar el prestigio de la carrera policial, pues señala que las falencias de seguridad están relacionadas con la falta de sentido de pertenencia de los agentes, ya que en México el término policía casi es sinónimo de corrupto.
Anaya también ha prometido endurecer las leyes relacionadas con la financiación de campañas, con el fin de detectar las donaciones de los grupos criminales a las mismas. Dice estar dispuesto igualmente a bloquear las señales de telefonía celular en las cárceles, como parte de un plan general para reducir el control que ejercen los criminales sobre el sistema penitenciario.
José Antonio Meade, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el tercer finalista de esta contienda electoral, ha propuesto una estrategia de seguridad basada en cinco pilares: reducción del tráfico de armas, mejor capacitación y salarios para la policía, estandarización de los castigos para los crímenes, implementación de políticas preventivas, y la reforma del aparato de inteligencia e información.
Los expertos consideran que las propuestas son lógicas pero algunas también lo son inútiles Entre las inútiles, al menos a corto plazo, destacan la de reducir el tráfico de armas. Apuntan que, mientras que Estados Unidos, el principal proveedor del imponente arsenal que maneja la delincuencia organizada en México no haga ajustes sustanciales a sus laxas leyes sobre armas, esa propuesta es papel mojado.
La principal objeción con que tropiezan las propuestas de Meade en materia de seguridad es su pasado: alto funcionario de las administraciones de Calderón y Peña Nieto, que fue quien le eligió como el candidato de su partido. Su indiscutible asociación con políticas que han fracasado durante años pone en duda su potencial como el autor de un nuevo derrotero.
Los estudiosos del fenómeno de la inseguridad en México destacan como los factores más influyentes de la misma, las fallas en el sistema educativo del país, en la política de seguridad, la policía o el personal de seguridad, la desigualdad económica y el tráfico ilegal de drogas y armas. Como causa común de todos estos factores está el desempleo.