Nicaragua al rojo vivo

El aparato represivo del régimen nicaragüense mata más y más rápido que el de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Su núcleo duro también está formado por elementos paramilitares que disparan a la cabeza, al cuello y al tórax, a matar.


A CORUÑA

Ya se ha cobrado 99 vidas en 45 días desde el pasado 18 de abril, más del doble de las de  la policía y los colectivos de Nicolás  Maduro en el mismo periodo de tiempo, en las manifestaciones callejeras de abril a julio del año pasado con un saldo final de 125 muertos, según datos de Amnistía Internacional.

La represión más sangrienta, con un saldo de 15 muertos y 199 heridos, se registró el pasado 30 de mayo en una marcha pacífica de madres que han perdido a sus hijos en las primeras semanas de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

A ese casi centenar de muertos registrados desde el 18 de abril hay que sumar 1.200 heridos y más de 400 detenidos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de las víctimas nicaragüenses, al  igual que las de Venezuela, son jóvenes universitarios que recibieron disparos certeros en la cabeza, el cuello, el estómago y el tórax, lo que pudieran ser indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Las protestas que comenzaron contra el incremento de las aportaciones de trabajadores y empresarios a la Seguridad Social, acompañadas de un recorte de las prestaciones sociales, como consecuencia de la caída de la ayuda venezolana por la sequía de petrodólares, no tardaron en convertirse en un verdadero alzamiento popular contra al régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, su verdadero cerebro, a la que en la última farsa electoral colocó en la vicepresidencia para tratar de amarrar la continuidad de su régimen.

 Un sector del empresariado y la jerarquía católica que se habían convertido en aliados de conveniencia del régimen desde la vuelta de Ortega a la presidencia de Nicaragua  en el año 2007 y que en un primer momento de la crisis actual han apostado por el diálogo, ya están marcando distancias para no verse salpicados por la espiral represiva de un régimen que, siguiendo el ejemplo de su homólogo venezolano utiliza fuerzas de choque paramilitares contra los manifestantes.

El Ejército 

¿Cuál es la posición del Ejército? Por el momento se ha mantenido al margen y ha justificado su posición recordando que no le compete interferir en los asuntos internos del país. Pero también hizo un llamado a favor del diálogo y a detener la violencia y «las acciones que nos desestabilizan», que muchos interpretaron como un apoyo tácito al presidente Ortega. Hasta dónde están dispuestas a llegar las fuerzas armadas en ese apoyo, sin embargo, es difícil de prever. Al frente de las mismas el presidente tiene a gente de su entera confianza y siempre ha presumido de la esencia sandinista del ejército nicaragüense. Pero es un Ejército que no solo tiene importantes intereses económicos que preservar y que también es muy celoso del prestigio que aún conserva. Cuando vean todo esto amenazado, los militares y exmilitares reconvertidos en grandes empresarios podrían terminar presionando decisivamente a Ortega, según algunos analistas.

Las demandas de los manifestantes son  justicia  por las muertes, torturas y otras violaciones graves de  los derechos humanos, registradas desde el pasado 18 de abril, en su mayoría como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales y una mayor democratización del país, que pasa por una pronta salida del presidente Daniel Ortega.

Para el canciller nicaragüense, Denis Moncada, esto es una «ruta hacia un golpe de Estado». Se niega a considerar una salida anticipada de Ortega e insiste en que cualquier salida política a la crisis debe darse «dentro del marco constitucional vigente».

A lo máximo que parecen dispuestos a contemplar es la de unas reformas electorales ya consensuadas con la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ser aplicadas en los comicios previstos para 2020 hacia el final del actual período de gobierno El orteguismo sigue responsabilizando de la violencia a grupos delincuenciales y «vándalos de la derecha», y no parece estar dispuesto a la desmovilización de los grupos parapoliciales, que es una de las principales demandas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

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